Se cumplen tres años desde que se aprobara la Ley 12/2023. Con la grandilocuente máxima de regular el derecho de acceso a la vivienda por primera vez en la democracia española, la norma se presentó como un “hito histórico”. Los objetivos del Gobierno eran ambiciosos: facilitar el acceso a la vivienda, regular los alquileres en zonas tensionadas, reforzar la protección de los inquilinos y castigar fiscalmente la tenencia de viviendas vacías. 

La ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez, declaró que la vivienda debía convertirse en un nuevo pilar del Estado del bienestar y, a fin de garantizar la consolidación de este ‘nuevo’ derecho, reivindicó el papel de los poderes públicos para imponer unas reglas justas en el mercado.

 Desgraciadamente, los resultados no pueden ser más decepcionantes. Los precios se han disparado -son un 31% superiores-, se ha desplomado la oferta -es un 30 % inferior- y se ha impulsado indirectamente el ‘boom’ del alquiler de temporada. Si bien no puede afirmarse que todo ello es responsabilidad del Gobierno, lo que desde luego puede concluirse es que la ley no ha servido para paliar los problemas en el mercado de la vivienda; al contrario, ha servido para empeorarlos. 

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Por lo pronto, el descontento social con la norma es tan amplio como pudiera ser: desde los inquilinos hasta los propietarios, pasando por los expertos y conjunto del sector inmobiliario. El rechazo hacia la norma es una de las pocas cosas en las que existe consenso entre los españoles. 

Navarra ha seguido una senda idéntica a la política nacional, con unos resultados igual de extrapolables. Tras un año en marcha de la declaración de zonas tensionadas en 21 municipios forales, el Gobierno de Navarra cifra en un 2% la media de bajada interanual en el primer trimestre en los contratos de alquiler, pobre ganancia habida cuenta de la reducción de oferta provocada en el parque inmobiliario. De ahí el paso dado este jueves en el Parlamento foral de los socios de Gobierno hacia una nueva ley que endurezca las exigencias del alquiler por habitaciones y temporada, el refugio por el que han apostado numerosos propietarios ante el tope a los alquileres. 

Un intento regulatorio más de incierto resultado. Cabe entonces preguntarse cómo puede salirse del atolladero. Sólo el trabajo conjunto de la sociedad, de la mano de los políticos, los expertos y las instituciones relevantes en la materia, conseguirán resolver el que ya es el primer problema de los españoles.