En Navarra contamos con un sistema fiscal foral propio. No obstante, en materia de previsión social y planes de pensiones, debemos adaptarnos al marco normativo estatal. En la legislación española, uno de los principales incentivos es la deducción fiscal aplicable en el IRPF por las aportaciones realizadas a sistemas de previsión social empresarial (planes de pensiones de empresas). Hoy, estas aportaciones pueden generar una reducción adicional de hasta 8.500 euros, que se suma al límite general de 1.500 euros (mínimo personal). Así, en conjunto, la reducción en la base imponible puede ser de hasta 10.000 euros. Este tratamiento fiscal se debe a que España, como muchos países europeos, afronta un envejecimiento de la población, una caída de la natalidad y una mayor esperanza de vida. Todo ello ejerce una presión creciente sobre el sistema público de pensiones, basado en un modelo de reparto (las cotizaciones de los trabajadores en activo financian las pensiones de los jubilados). Por ello, las administraciones públicas pretenden impulsar sistemas complementarios de ahorro privado para la jubilación, especialmente mediante planes de pensiones de empleo y otros instrumentos de previsión social promovidos por las empresas. 

El objetivo es que, en el futuro, los ciudadanos puedan complementar la pensión pública con un ahorro privado acumulado durante su vida laboral. Esto reduciría la dependencia exclusiva del sistema público y ayudaría a sostener el modelo de pensiones. En este contexto, el Gobierno está promoviendo lo que habitualmente se denomina el “segundo pilar” de previsión social. En Europa se distinguen tres pilares: un primer pilar, correspondiente al sistema público de pensiones; un segundo pilar, integrado por los planes de empleo vinculados a las empresas; y un tercer pilar, formado por el ahorro privado individual. España ha tenido históricamente un desarrollo limitado de este segundo pilar en comparación con otros países europeos, como Países Bajos, Reino Unido, Suecia o Dinamarca. Por ello, la política actual busca potenciar los sistemas colectivos de previsión social frente a planes individuales. De hecho, en los últimos años el Gobierno ha reducido de forma notable los incentivos fiscales aplicables a los planes de pensiones individuales (su límite de reducción pasó de 8.000 a 2.000 euros y luego a 1.500), mientras que ha aumentado los beneficios fiscales asociados a los sistemas de empleo mediante el citado límite adicional de 8.500 euros vinculado a contribuciones empresariales. 

El Ejecutivo ve que los planes individuales beneficiaban principalmente a rentas altas y tenían una implantación limitada, mientras que los planes de empleo permiten extender el ahorro previsional a un mayor número de trabajadores, generar aportaciones periódicas y automáticas, y consolidar sistemas de ahorro a largo plazo más estables y sostenibles. Este modelo se aproxima al de otros países europeos, especialmente al sistema británico de “auto-enrolment”, basado en la incorporación progresiva de los trabajadores a planes colectivos promovidos por las empresas. Además, estos instrumentos cumplen una función económica relevante. Los fondos de pensiones generan ahorro financiero estable y favorecen la inversión a largo plazo, lo que contribuye a financiar empresas, estabilizar mercados y reducir la dependencia del ahorro exterior. España presenta tradicionalmente niveles de ahorro previsional inferiores a los de otros países, por lo que el Estado pretende canalizar parte del ahorro salarial hacia instrumentos financieros de largo recorrido. Desde el punto de vista empresarial y laboral, las aportaciones a planes de empleo también constituyen una fórmula fiscalmente eficiente de retribución. 

Para muchas empresas resulta más ventajoso realizar aportaciones a sistemas de previsión social que incrementar directamente el salario bruto, ya que la empresa puede deducir el gasto; el trabajador reduce su base imponible del IRPF, y la tributación se difiere hasta el momento del rescate durante la jubilación. Por ello, numerosas compañías están comenzando a utilizar estos sistemas como herramientas de fidelización, compensación flexible y mejora de las condiciones sociales de sus empleados, especialmente en grandes empresas, multinacionales y sectores con convenios colectivos desarrollados. Debe señalarse, además, que el incentivo fiscal no supone una exención definitiva de tributación, sino fundamentalmente un diferimiento fiscal. Las cantidades aportadas reducen actualmente la tributación en el IRPF, pero las prestaciones futuras tributarán posteriormente como rendimientos del trabajo cuando sean rescatadas. Finalmente, esta orientación normativa no responde a una medida aislada, sino a una estrategia impulsada tanto por el Pacto de Toledo como por las recomendaciones de la Unión Europea, que desde hace años vienen insistiendo en la necesidad de desarrollar sistemas complementarios de previsión social y diversificar las fuentes de ingresos durante la jubilación. En definitiva, el incremento del límite fiscal hasta 8.500 euros para aportaciones empresariales no es casual, sino que forma parte de un cambio estructural del modelo español de ahorro para la jubilación. El objetivo es reforzar progresivamente un sistema mixto en el que la pensión pública continúe siendo el eje principal, pero se complemente con mecanismos de ahorro privado colectivo promovidos desde el ámbito empresarial. 

Idoia Zabaleta es Doctora en Economía por la Universidad Pública de Navarra.