Opinión
Nafarbide, de juzgado de guardia
"El consejero Chivite acaba de anunciar que los peajes no se pondrán en marcha antes de las elecciones de mayo de 2027. A la vista de esta información nos preguntamos: ¿Qué hacemos con Nafarbide?"

Publicado el 21/05/2026 a las 19:00
El 28 de junio de 2023, cuando el Ejecutivo de la socialista María Chivite estaba en funciones, y a propuesta del entonces consejero de Cohesión Territorial y hoy presidente del Partido Socialista de Navarra, Bernardo Ciriza, ese Gobierno creó la sociedad pública “Nafarbide, el Camino de los Navarros, S.L”. Su objeto social iba a ser gestionar el cobro de peajes a camiones en las autovías A-1, A-10, A-15 y A-68 y en la carretera N-121-A, y se iba a financiar con los recursos obtenidos por el cobro de dichos peajes en esas grandes vías. El Ejecutivo de Chivite adoptó el acuerdo a pesar de contar con el informe desfavorable de la Intervención General de Navarra, en el que se decía: “(…) no debería crearse la sociedad que se propone” hasta que “no se garantice plenamente su capacidad jurídica para obtener los recursos que se prevén en el estudio de viabilidad”. Tenía también en contra el informe del Servicio de Patrimonio del Departamento de Economía y Hacienda en el que se señalaba que se habían detectado varias “deficiencias” en la información aportada para justificar el impulso de dicha sociedad y se advertía que no daría el visto bueno a su creación hasta que estas fueran subsanadas. Y tampoco contaba con la preceptiva autorización de la Comisión Europea.
Después, ya en marzo de 2025, la Cámara de Comptos cuestionó de manera rotunda la creación de Nafarbide y de otras dos sociedades públicas -el Instituto Navarro de Inversiones y Bidean- llevadas a cabo por el Gobierno de Chivite, alegando que los principios legales de eficacia y eficiencia en la asignación de los recursos públicos “no pueden consistir en una mera declaración, sino que deben acreditarse suficientemente”, ya que “son y deben ser principios legales irrenunciables y respetados”. Nafarbide se constituyó ante notario el 19 de febrero de 2024, siendo adscrita al Departamento de Cohesión Territorial y su Consejo de Administración, presidido por el actual consejero, Óscar Chivite, del que también formaban parte otros dos consejeros socialistas del Gobierno de Navarra, José Luis Arasti Pérez y Patricia Fanlo Mateo, en una de sus primeras decisiones, acordó nombrar como director gerente, por un tiempo de cuatro años, al también socialista Federico Colmenar Carro quien, en septiembre de 2019, tomó posesión como concejal socialista del Ayuntamiento de Pamplona en sustitución de la actual ministra socialista Elma Saiz. Al Sr. Colmenar le asignaron un salario anual de 99.877 euros, el nivel más alto de retribución de la Administración foral, que es el que viene percibiendo a pesar de que la empresa no tiene ni contenido, ni actividad, ni ingresos. Desde entonces y hasta ahora, desde Nafarbide y desde el Departamento de Cohesión Territorial nos han anunciado a lo largo del tiempo que iban a comenzar de manera progresiva a cobrar los peajes en 2026 y que en este año por ellos tenían previsto recaudar un total 2,7 millones de euros.
Esto ha sido así hasta que ahora, y de forma sorprendente, el consejero Chivite acaba de anunciar que los peajes no se pondrán en marcha antes de las elecciones de mayo de 2027. A la vista de esta información nos preguntamos: ¿Qué hacemos con Nafarbide? ¿Qué hacemos con su gerente, con los más de 200.000 euros que ya ha percibido por no hacer nada y con los euros que tiene que cobrar en los dos años de contrato que le restan? La presidente Chivite acaba de alegar como eximente en el Parlamento de Navarra que Belate no está siendo investigado por ningún juez. Cierto. Nafarbide, tampoco lo está, pero me temo que este es un caso de juzgado de guardia.