La Comisión de Investigación del Parlamento de Navarra lleva seis meses debatiendo sobre la posible corrupción en el ámbito de la contratación pública y, con todo lo que hemos escuchado, sorprende que algunos parlamentarios no hayan caído en lo más burdo del caso. Es duro aceptar evidencias incómodas. No se entiende que, algunos de esos parlamentarios, tan progresistas ellos, quieran hacer como que no se enteran y disculpar comportamientos bochornosos. Lo que no puede admitirse es la mascarada indecente y la continua burla a los ciudadanos. Un periodista escribía en 2024 un artículo que decía lo siguiente: “Uno de los problemas más frecuentes a la hora de detectar, juzgar y valorar los casos de corrupción relacionados con la gestión del dinero público, además del confuso papel que el Código Penal otorga a estos delitos pese a sus reformas sucesivas, es la dificultad de reunir elementos objetivos que confirmen la existencia de tratos de favor o intereses clientelares”. Y añadía: “La clave no suele estar en los documentos escritos, ni en los pliegos técnicos, sino en la maraña de relaciones personales (…) en este tipo de negocios formando una tupida red de vínculos e intereses difícil de detectar y de probar”. Él sí que sabía. 

Nadie de Acciona explicará qué buscaba el grupo empresarial con la participación de Servinabar en las licitaciones. Sin embargo, por lo que ya se conoce, ciudadanos y parlamentarios disponemos de unos hechos constatados y claros que tienen un peso real, y más allá de distorsiones y relatos interesados llenos de palabrería, obliga a reconocer lo que ha pasado y depurar responsabilidades. Es conocido que, hasta enero de 2020, año en el que se inscribe en el Registro Mercantil la ampliación del objeto social de Servinabar, esta empresa, desde su creación en septiembre de 2015, únicamente tenía capacidad para prestar servicios de lo más variopinto: destrucción de documentos, cobros, encuestas, toma de datos, lectura de contadores, organización de todo tipo de eventos, ferias, exposiciones… Ni siquiera estaba en su objeto social la prestación de servicios en prevención de riesgos laborales, ese saco en el que Servinabar ha justificado el cobro de su participación en UTEs con Acciona. No tiene explicación válida (estaría bien preguntarse cómo es posible que así haya sucedido) que una empresa de servicios pueda colarse en varias licitaciones de obra y, además, resulte adjudicataria. Habría que aclarar qué hacían los miembros de las distintas Mesas de Contratación para no darse cuenta de la falta de “capacidad de obrar” de Servinabar que recoge la Ley Foral de Contratos Públicos y que es muy clara al respecto. Lo sospechoso es que más recientemente, y ya con la sospecha de fraude sobre la mesa, todos los órganos fiscalizadores (Oficina de Buenas Prácticas y Anticorrupción y Cámara de Comptos), amén de las auditoras externas (pagadas) que avalaron estos contratos por encargo del Gobierno de Navarra, hayan omitido cualquier referencia a esta gravosa infracción sobre la inexistente “capacidad de obrar”. 

La casualidad ha hecho que quien presidía una de aquellas despistadas mesas en la que aparecía Servinabar (obras Archivo General), esté ahora en Comptos al frente de quienes niegan capacidad jurídica al auditor discrepante con el uso de fondos públicos. Desde mi modesta opinión, y con la Ley Foral de Contratos Públicos en la mano, parece que hasta 2020 Servinabar no estaba habilitada legalmente para realizar las obras del Pabellón Arena (2017), la rehabilitación del antiguo Archivo General de Navarra (2018) y las 62 VPO de Nasuvinsa en Erripagaña (2019). Servinabar no tenía capacidad de obrar porque la actividad de la empresa no tenía nada que ver con el objeto de los contratos. No se precisan mayores indagaciones. Lo único que se pone en común en las UTEs es la solvencia profesional y económica. Y por muy exquisitos e intocables que se crean los de la Cámara de Comptos, institución que en 2026 nos va a costar más de cuatro millones de euros, mayor desazón produce que en su informe de “Fiscalización de cinco contratos del Sector Público Foral a petición del Parlamento de Navarra (2017-2025)” no haya apreciado esa irregularidad. 

Sorprende, y esto no es involuntario, que en el caso de la rehabilitación del edificio del antiguo Archivo General en 2018, Comptos haya buscado subsanar la omisión de la capacidad de obrar acudiendo a otro expediente: “Si bien no consta en el expediente el documento justificativo de que Servinabar y Acciona estaban inscritas en el Registro de Empresas Acreditadas para la Construcción, esta acreditación constaba en el expediente de la adecuación del Pabellón Multiusos Navarra Arena, en el que se hace constar su inscripción desde marzo de 2016 y agosto de 2008 respectivamente”, registro que Servinabar realizó en 2016 cuando sólo tenía un empleado y el único requisito para registrarse era el de hacer una declaración diciendo que posee “una organización productiva propia, cuenta con los medios materiales y personales necesarios”. Insisto, un empleado. Sin comentarios. Me escandaliza esa “componenda de legalidad” por parte de un órgano fiscalizador cuya misión es controlar al poder público, y más todavía en el caso de una petición de informe ante adjudicaciones bajo sospecha. Y produce sonrojo que Comptos haya detectado, sin mayor análisis, que los porcentajes en que participaba Servinabar en UTEs con Acciona no se correspondiesen con la realidad de sus aportaciones, caso de la adecuación del Pabellón Arena y de la reforma del antiguo Archivo de Navarra, pauta de comportamiento que aparece también en Belate y tampoco en este caso se ha señalado el uso fraudulento y simulado de esa figura. 

Sigo sin entender a qué se refiere el clan Chivite cuando repite como un loro que todo ha sido “legal y transparente”. 

Chon Latienda Urroz. Comentarista política