Cuando el Gobierno de Navarra aprobó, hace apenas diez días, el decreto de ayudas para responder a las consecuencias económicas de la crisis de Oriente Medio, el consejero socialista de Economía y Hacienda José Luis Arasti señaló que no se descarta una deflactación de la tarifa del IRPF. Eso sí, recordó que este es un asunto que se deberá llevar a la mesa de la fiscalidad para su negociación, lo que implicaría que no se apruebe antes del próximo año, y que obligará a limar las discrepancias de los distintos grupos. Mientras la política se sigue moviendo en el terrero de las declaraciones y los futuribles, los bolsillos de los ciudadanos se siguen resistiendo por la no aplicación de una medida que es reclamada ampliamente por expertos y distintos organismos conocedores de primera mano de su impacto, especialmente en las clases medias. 

Esta misma semana, la Confederación Empresarial Navarra (CEN) defendió que el Gobierno navarro deflacte la tarifa del IRPF en todos sus tramos, compensando el efecto de la inflación sobre la renta disponible de las familias. Una mensaje sobre el que mostraron también pleno acuerdo los expertos en fiscalidad que participaron en el Foro DN en Vivo organizado por Diario de Navarra. Habida cuenta de que Navarra tiene autonomía para hacerlo, se entiende que este mecanismo de técnica tributaria no debería utilizarse para jugar a la progresividad y que su aplicación debiera tener una solución obligada que pasaría por alcanzar un acuerdo político según el cual la tarifa pasase a ser deflactada obligatoriamente cuando la inflación alcance una cifra que se consensúe en esas negociaciones. Algo, por cierto, que con el caso de las pensiones y su actualización se ha demostrado que es plausible. Navarra vive años de recaudación récord, con 1.700 millones de euros más que en 2020, salidos del bolsillo ciudadano. Ante esta situación, deflactar la tarifa del IRPF, sería dejar las cosas como están, y permitir que no sigan perdiendo renta disponible.