Bajo la apariencia de un acuerdo técnico y pragmático, el nuevo marco sobre Gibraltar entre España, Reino Unido y la Unión Europea plantea una cuestión incómoda: si lo presentado como cooperación no es, en realidad, una forma sofisticada de cesión. La desaparición de la verja y la integración funcional del Peñón en estructuras europeas se venden como avances, pero también pueden interpretarse como la normalización de una anomalía histórica en la que España asume responsabilidades sin ejercer soberanía plena. Más que resolver el contencioso, el acuerdo parece redefinirlo en términos que diluyen posiciones y consolidan un equilibrio desigual.

Bajo el mutismo y opacidad con el que se ha elaborado el Pacto, la UE tenía previsto que a las cero horas del día 10 de abril pasado, cualquiera que pretendiera cruzar por tierra de La Línea de la Concepción a Gibraltar podría hacerlo sin pasar ningún control fronterizo. Con el pretexto de que se pudiera originar un “caos”, el Consejo Europeo ha acordado que sea el 15 de julio próximo la fecha. Un acuerdo con el que la UE busca eliminar todas las barreras físicas a la circulación de personas y mercancías entre España y Gibraltar, al tiempo que se salvaguardan plenamente el espacio Schengen, el mercado único de la UE y su unión aduanera.

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La opacidad y la falta de transparencia del Ministerio de Exteriores y de todo el Gobierno de España ha sido la pauta desde que se comenzara a negociar un acuerdo llamado a definir la nueva relación entre Gibraltar y la UE tras el Brexit. En contraste con el silencio absoluto del Gobierno español, el PP ha mostrado su disconformidad a que se apoye el Tratado y el ministro de exteriores Albares ha pedido su apoyo al partido que preside Núñez Feijóo.

Por su parte, y en tono desafiante, el ministro principal del Peñón Fabián Picardo, ha manifestado que “Gibraltar puede permitirse que no haya acuerdo ni zona de prosperidad compartida”. El acuerdo parece optimista, sin embargo bajo esa narrativa se esconde una realidad muy compleja, ya que el acuerdo es jurídicamente ambiguo, políticamente incómodo y estratégicamente discutible.

Al parecer existen varias contradicciones fundamentales: ¿cómo puede un territorio que no pertenece a la UE integrarse operativamente en sus mecanismos sin formar parte de ella?; Y más aún, ¿por qué la UE actúa como actor negociador central entre dos Estados, uno miembro y el otro no, en una cuestión que, en esencia, es bilateral?.

La participación de la UE se justifica oficialmente por la necesidad de proteger el mercado único, el espacio Schengen y la unión aduanera. Pero la explicación técnica oculta un problema político de fondo: Bruselas se convierte en árbitro de una disputa histórica que afecta directamente a la soberanía nacional española. En lugar de reforzar la posición de España, la diluye dentro de un marco multilateral donde los intereses se equilibran, pero también se relativizan.

El acuerdo no altera la soberanía británica sobre Gibraltar, algo que Londres ha dejado claro, pero sí introduce una situación paradójica: España ejerce funciones propias de un Estado soberano en un territorio que no controla, ya que gestiona fronteras, visados y controles, pero sin capacidad plena de decisión sobre el territorio en sí.

Además, la eliminación de la verja presentada como un avance histórico, plantea interrogantes sobre la asimetría económica y fiscal. Gibraltar ha sido tradicionalmente un enclave con ventajas fiscales que ha generado tensiones en su entorno. Otro aspecto cuestionable es el papel del Reino Unido, ya que tras el Brexit, Londres abandona la UE, pero consigue mantener a Gibraltar dentro de su órbita económica mediante un acuerdo que le permite beneficiarse del acceso al mercado europeo sin asumir todas sus obligaciones.

Esto nos lleva a la cuestión central: ¿qué pinta la UE en este acuerdo? Formalmente actúa como garante del cumplimiento de sus normas, pero en la práctica, su presencia responde a una lógica más amplia, como es evitar una frontera dura en el sur de Europa y mantener la estabilidad regional. Puede que el acuerdo funcione en términos económicos y sociales, especialmente para los miles de trabajadores transfronterizos, pero desde una perspectiva política, deja preguntas abiertas: ¿quién manda realmente en Gibraltar?, ¿qué significa pertenecer o no pertenecer a la UE? Y, sobre todo, ¿hasta qué punto los Estados están dispuestos a ceder control en nombre de la estabilidad?. Como advirtió Winston Churchill: “la democracia es el peor sistema de gobierno, a excepción de todos los demás.”Quizá hoy cabría reformularlo: Europa es el sistema más imperfecto de gobernanza… salvo por todas las alternativas que ya han fracasado.

Joaquín Garro Domeño. Doctor en Seguridad Internacional.