"La empresa no necesita privilegios ni tratos de favor, pero sí ser respetada en su función. Necesita reglas claras, estables y proporcionadas"

Hay ideas que, de tanto repetirlas, acaban impregnando a buena parte de la sociedad. Se convierten en una suerte de marco mental que orienta decisiones, regula comportamientos y condiciona la relación entre los distintos actores sociales. En los últimos años se ha ido consolidando, de forma silenciosa pero persistente, una de esas ideas: la empresa y el empresario como sujeto sospechoso a vigilar, como potencial problema en vez de como parte de la solución del modelo económico actual. No se trata de una afirmación ideológica, sino de una constatación que muchos empresarios reconocen en su experiencia cotidiana. Basta con detenerse en el momento inicial, en el acto mismo de crear una empresa. ¿Desde hace cuánto tiempo venimos oyendo que en España se va a poder crear una empresa en un día? Décadas diría yo, y aquí seguimos. Lejos de facilitar ese paso, el sistema lo rodea de trámites, autorizaciones, plazos inciertos y una burocracia que parece diseñada para controlar más que para impulsar. 

Emprender no debería ser una carrera de obstáculos. Sin embargo, lo es. A esa dificultad inicial se suma un marco fiscal que, con frecuencia, trata a la empresa exclusivamente como una fuente a la que exprimir de manera recurrente. Impuesto sobre sociedades, cotizaciones sociales, cargas indirectas… El debate público suele centrarse en cuánto más puede aportar la empresa y rara vez en cómo ese esfuerzo afecta a su capacidad de crecer, invertir o generar empleo. En definitiva, en cómo impacta en su productividad. Resulta llamativo que, incluso en contextos de recaudación récord y cuentas públicas saneadas, como es el caso de Navarra, la presión no tienda a aliviarse. Como si el éxito empresarial fuera, en sí mismo, motivo suficiente para exigir un esfuerzo adicional. La desconfianza también se traslada al ámbito laboral. El ordenamiento jurídico ha ido configurando un marco en el que, de forma implícita, la empresa aparece (siempre) como la parte fuerte a la que hay que limitar, y el trabajador (siempre) como la parte débil a la que hay que proteger. Esa lógica ha generado situaciones difíciles de justificar. Nadie despide por gusto. Detrás de una decisión de ese tipo suele haber razones importantes organizativas o de viabilidad. Sin embargo, cuando se producen casos flagrantes de incumplimiento por parte del trabajador, la empresa se encuentra a menudo en una posición de vulnerabilidad, que raya la injusticia. 

Para muestra, la lacra creciente del absentismo laboral, con un impacto directo en la productividad y en los costes empresariales. No se trata de cuestionar las bajas justificadas ni de ignorar la importancia de la salud laboral, sino de reconocer que existen también comportamientos abusivos que el sistema actual no corrige con eficacia. El resultado es que las empresas asumen un coste elevado sin disponer de herramientas proporcionadas para gestionarlo. Todo ello responde a esa forma de legislar que parte de la sospecha. Se regula pensando en el posible abuso, en el fraude potencial, en la excepción negativa. Y al hacerlo, se termina configurando un marco que trata a todos como si fueran culpables en potencia. Las normas no solo ordenan conductas; también transmiten valores. Cuando la legislación se construye desde la desconfianza, lo que promueve es, inevitablemente, una cultura en contra de la empresa. Esa cultura no se queda en el plano normativo. 

Se traslada también a la práctica administrativa, a la relación diaria con el funcionariado. Quien ha tenido que justificar una subvención, tramitar una ayuda o someterse a un proceso de control conoce bien esa sensación de estar permanentemente bajo examen. De tener que demostrar, una y otra vez, que todo se ha hecho correctamente. Al contrario de la justicia ordinaria, aquí se ha de demostrar que se es inocente. El control es necesario, sin duda. Pero cuando se ejerce desde la presunción de irregularidad, deja de ser una garantía para convertirse en la barrera de una burocracia innecesaria. Una economía no crece por decreto. Lo hace cuando quienes arriesgan, invierten y generan actividad encuentran un entorno que acompaña, que facilita, que no añade incertidumbre innecesaria. Si el mensaje que se transmite es el contrario, si se percibe a la empresa como un problema a contener, el resultado es previsible: menos iniciativa, menos inversión, menos empleo. 

La empresa no necesita privilegios ni tratos de favor, pero sí ser respetada en su función. Necesita reglas claras, estables y proporcionadas. Necesita una Administración que entienda que su papel no es obstaculizar, sino garantizar un marco en el que la actividad económica pueda desarrollarse con normalidad. Muchos empresarios que leen estas líneas podrían aportar ejemplos concretos de situaciones en las que la normativa, lejos de ayudar, ha complicado innecesariamente su trabajo. Son historias que rara vez trascienden, pero que configuran una realidad acumulativa: la de un sistema que, sin proponérselo explícitamente, termina dificultando aquello que debería promover. Debemos revisar ese marco mental, pasar de la sospecha a la confianza. Entender que la inmensa mayoría de las empresas cumplen, generan valor y contribuyen al bienestar colectivo. Y actuar en consecuencia. En última instancia, no estamos hablando solo de empresas. Estamos hablando de personas que emprenden, de crecimiento, empleo y oportunidades. Y eso, convendría no olvidarlo, nos afecta a todos. 

José Ramón Lacosta Aznar. Presidente del think tank Institución Futuro.