La victoria del socialista Salvador Illa en las elecciones autonómicas del 12 de mayo de 2024, esgrimiendo junto al presidente Pedro Sánchez la llamada ‘estrategia del reencuentro’ entre la Cataluña del ‘procés’ y la España constitucional, fue interpretada como el sello a la década de un tensionamiento separatista sin precedentes. 

Como el alumbramiento de una nueva etapa de apaciguamiento cimentada, entre otras cosas, en la pérdida de la mayoría en el Parlament de las fuerzas soberanistas por primera vez desde los 80; una impresión apuntalada por el hecho de que Junts, pese a recuperar pie como fuerza referencial del independentismo frente a una Esquerra desgastada por la gestión del Govern bajo mandato de Pere Aragonès, no logró recuperar el poder con Carles Puigdemont al frente de la candidatura y con la ley de amnistía pendiente. 

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Cataluña evidenció en aquella cita con las urnas, adelantada por Aragonès al ver bloqueados sus Presupuestos, que estaba exhausta tras los años de tensionamiento separatista. Pero el nuevo escenario presentaba otros escollos para Illa y, por extensión, para Sánchez. Porque lo que permitió a ambos recuperar una plaza tan trascendental como Cataluña, el sosiego post ‘procés’, nacía lastrado, y quién sabe ya si herido de muerte, por la dependencia de La Moncloa de ERC y, singularmente, de Junts. 

Con ese contexto como telón de fondo, estos días han confluido otra severa derrota del Gobierno en el Congreso a manos de los de Puigdemont, desinhibidos ya en su determinación de hacer que se note su ruptura con Sánchez, y la constatación de que Illa ha presentado su proyecto de Presupuestos sin garantías de poder atraer a Esquerra. 

Junqueras y los suyos exigen la gestión del IRPF, que fue la contrapartida para investir al presidente catalán, a un PSOE que ve cómo sus ataduras a los soberanistas, entre otras razones, actúan de disolvente elección tras elección. Se antoja que una doble pinza de Junts en Madrid y de ERC en Barcelona poco menos que daría la puntilla a la legislatura.