El día 27 de enero, el Consejo de Ministros anunció la tramitación urgente de un real decreto para la regularización extraordinaria de personas extranjeras, con los únicos requisitos de su presencia en España durante un período mínimo de cinco meses con anterioridad al 31 de diciembre de 2025 y no contar con antecedentes penales, ni suponer una amenaza para el orden público. Esta medida tiene lugar tras la presentación en 2023 de una proposición de ley de iniciativa popular para la regularización de inmigrantes, que fue apoyada por el Congreso de los Diputados con el voto a favor de todos los grupos parlamentarios, excepto Vox. En España ha habido anteriormente seis procesos de regularización de inmigrantes, cuatro por gobiernos del Partido Socialista y dos por gobiernos del Partido Popular. Se estima que esta medida pueda beneficiar a unos 500.000 inmigrantes en situación irregular, 10.000 de los cuales se encontrarían en Navarra, según datos del Gobierno de Navarra, y aproximadamente la mitad de ellos en Pamplona, según datos del Ayuntamiento. 

El impacto del proceso de regularización en Navarra exige una mirada a la legislación española en materia de extranjería y en concreto, al impacto que dicha legislación tiene sobre la situación irregular de los extranjeros en España. La Ley Orgánica 4/2000, de 11 de enero, sobre derechos y libertades de los extranjeros en España, dificulta la entrada y residencia regulares en España, toda vez que condiciona la concesión de la autorización de residencia y trabajo a la existencia de un contrato de trabajo. Un requisito casi de imposible cumplimiento para los trabajadores que no entran en el marco de la Directiva (UE) 2021/1883, relativa al empleo de alta cualificación, y que son precisamente aquellos en los que más vacantes de empleo existen. Según el último informe del Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE), de 2025, los sectores en los que hay más escasez de mano de obra en Navarra incluyen personal de limpieza, conductores (asalariados) de camiones, cocineros, camareros y operadores de maquinaria. En casi la mitad de los casos, las causas de este desajuste en Navarra son la falta de candidatos (20%), de formación (10%), y de competencias técnicas (17%), a las que se añade la falta de experiencia (25%). 

La regularización permitiría el acceso al empleo regular y por lo tanto el aumento de las contribuciones a la Seguridad Social y al sistema de pensiones por parte de los nuevos trabajadores. Sin embargo, para que la regularización permita el acceso efectivo al mercado laboral navarro, y que resulte así beneficiosa tanto para los nuevos trabajadores como para las empresas navarras, es imperativo que la regularización vaya acompañada de programas efectivos y eficaces de formación y acceso al empleo que permitan a la vez cubrir los puestos de trabajo que año tras año quedan vacantes en la Comunidad Foral. En ausencia de medidas efectivas dirigidas a la inserción laboral de los extranjeros en Navarra, estas personas no podrán acceder a la estabilidad en cuanto a residencia y trabajo una vez que termine el plazo de un año que el procedimiento de regularización prevé para acceder al arraigo en virtud de la aplicación ordinaria de la ley de extranjería. La regularización de inmigrantes es un derecho de los Estados Miembros de la Unión Europea, ya que la política común de inmigración es una competencia compartida con los Estados y el derecho de estos de admitir extranjeros a efectos de empleo queda expresamente garantizado por el Artículo 79 del Tratado de Funcionamiento de la UE. 

Por otra parte, el artículo 4 de la Directiva 2008/115/CE, relativa al retorno de los extranjeros en situación irregular, recoge expresamente el derecho de los Estados de adoptar o mantener disposiciones que sean más favorables para los extranjeros. En este sentido, la legislación española, que data del año 2000, no permite la expulsión como sanción a los extranjeros por su presencia irregular, ya que esta medida solo puede ser dictada cuando además de la irregularidad concurran circunstancias agravantes. El Tribunal de Justicia de la UE estableció en su sentencia de 2020 que la normativa española es compatible con la Directiva de retornos de la Unión. El proceso de regularización de extranjeros puede suponer una oportunidad para el acceso al empleo de las personas que se encuentran ya en Navarra y que además no pueden ser expulsadas solamente en virtud de su presencia irregular. Sin embargo, se hace necesaria una reforma seria de la ley de extranjería que permita vías legales de entrada en España y que vaya acompañada de programas de inserción laboral, que permitan a la vez cubrir de manera estable los puestos de trabajo que año tras año quedan vacantes en Navarra y en el resto de España. 

María Teresa Gil Bazo, Cátedra Jean Monnet de la UE en asilo y migración, Universidad de Navarra