El pasado día 3 de enero, los EE.UU lanzaron un ataque a gran escala contra Venezuela, amén de una serie de ataques aéreos en el Pacífico y el Caribe, que causaron la muerte de más de 100 personas, y culminaron con la captura de su presidente, Nicolás Maduro, y de su esposa, Cilia Flores, siendo trasladados a Nueva York para ser juzgados por narcoterrorismo. Washington ha acusado a Maduro de dirigir una organización narcoterrorista, y Trump ha anunciado que EE.UU tomará el control de Venezuela hasta garantizar una transición segura.

La operación planteó una serie de cuestiones jurídicas sobre el derecho internacional y el poder presidencial. ABC noticias dijo el 10 de enero que hizo más Trump por Venezuela en horas, que el derecho internacional en 26 años (desde Hugo Chávez). Los expertos en derecho internacional, en su mayoría, no dudan de que dicha operación militar supone una clara violación del derecho internacional, al decir que el ataque de EE.UU es contrario al artículo 2.4 de la Carta de la ONU, un tratado internacional vinculante para los 50 paises signatarios firmado el 26/6/1945, y ratificado por los EEUU, para el mantenimiento de la paz y seguridad internacionales y la protección de los derechos humanos, por considerar dicha invasión un crimen de agresión, y el uso ilícito de la fuerza contra la integridad territorial o la independencia política y soberanía de otro país, sin justificación de legítima defensa ni resolución previa del Consejo de Seguridad de la ONU.

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Sin embargo, no hay elementos que amparen ninguno de esos dos aspectos, para defender que su actuación esté avalada por el derecho internacional. No obstante, es muy improbable que Washington se enfrente a algún tipo de sanción, al ser miembro con derecho de veto en el Consejo, siendo por tanto prácticamente imposible que cualquier medida sancionadora pueda prosperar.

Un memorando del Departamento de Justicia de Diciembre/2025 concluía que el presidente Trump tenía autoridad constitucional para arrestar al presidente venezolano Nicolás Maduro, sin autorización del Congreso. Según el último barómetro del CIS, el 61,5% de los ciudadanos españoles cree que la acción del presidente Trump, al intervenir militarmente en un pais soberano, como es Venezuela, fue incorrecta, al haber puesto en peligro la paz mundial y vulnerar el derecho internacional. La violación del derecho internacional humanitario implica el incumplimiento de normas y tratados que rigen las relaciones interestatales y la protección de individuos, manifestándose en crímenes de guerra o de lesa humanidad, lo que puede acarrear responsabilidades penales internacionales a través de tribunales nacionales o internacionales, buscando defender la paz y la legalidad.

La agresión militar de EE.UU, que muy probablemente constituye una violación del derecho internacional, revela varios intereses internacionales, especialmente por el petróleo; Delcy Rodríguez señaló que el narcotráfico y los derechos humanos eran la excusa, pero el verdadero motivo era el petróleo. Si bien la legitimidad otorgada por Donald Trump a Delcy Rodríguez, como presidenta interina de Venezuela y sucesora del dictador Maduro, provocó sorpresa en la oposición venezolana, también demuestra que EE.UU puso en marcha la doctrina Monroe, corolario del lema de América para los americanos, prometiendo no interferir en asuntos europeos a cambio de que Europa se mantuviera fuera del hemisferio occidental.

Se espera que Trump no se quede con el petróleo de nadie, sino que haga posible un comercio justo del que salgan beneficiados tanto los EE.UU como Venezuela; porque la crisis humanitaria que sufre ha dejado a cerca del 53% de la población en situación de pobreza extrema, según Encovi; arrostra un éxodo del país de 8 millones de venezolanos, por razones políticas o económicas; Maduro desconoció que la oposición ganó las elecciones de Julio/24; 10.000 personas han sido asesinadas por motivos políticos, y decenas de miles han sufrido torturas y encarcelamientos. En resumen, una mezcla demoledora de pobreza y dictadura, en un país que tiene en su subsuelo 300.000 millones de barriles de petróleo con un valor de 19 billones de dólares.

En mi opinión, todo lo anterior demuestra que en el caso venezolano conviven dos verdades complejas: la abierta violación del derecho internacional por parte de la administración Trump, y la realidad de un país que continúa viviendo bajo un régimen autoritario y represivo que no cuenta con ninguna legitimidad. En medio de estas dos verdades se encuentra la población de Venezuela, y su diáspora forzada por el mundo, que espera que la comunidad internacional allane el camino en un futuro no lejano hacia una transición democrática real, y no solamente a un cambio de liderazgo autoritario por otro, donde prevalezca un marco general de protección de los derechos humanos, en paz y en guerra, junto al derecho internacional humanitario, complementario de aquellos, en defensa de la vida, la dignidad y el bienestar de las personas.

Francisco Javier Sagüés Sala es abogado.