Editorial
Un apoyo a trozos que prueba las costuras
La obligada rectificación del Gobierno para sacar adelante la subida de las pensiones revela una mayoría parlamentaria adversa a su agenda
Actualizado el 05/02/2026 a las 10:48
El Gobierno de Pedro Sánchez se ha visto obligado a rectificar de nuevo para intentar sacar adelante su agenda social, una de las escasas iniciativas que le quedan para dar lustre a una legislatura que avanza a trompicones y sin presupuesto por falta de apoyos. La decisión de trocear ahora el decreto que contenía el escudo pretende salvar al filo de la campana la actualización de las pensiones, la medida de mayor impacto de todas ellas, pero revela serios problemas para la acción política cada vez más enquistados.
El más preocupante para el Ejecutivo debería ser la irrupción de una mayoría parlamentaria adversa a sus propuestas y que se suele activar cuando se tocan temas sensibles y de discordia como la gestión de la vivienda. En este caso, la moratoria antidesahucios. Sánchez y sus aliados a la izquierda la conciben en favor de las familias vulnerables que no puedan pagar el alquiler y se vean en riesgo de ser expulsadas de sus casas en un momento de encarecimiento de los precios en el mercado. Sin embargo, PP, Vox y Junts la consideran una forma de favorecer la okupación frente al legítimo derecho de los propietarios a recuperar su piso. Esta última posición fue la predominante y responsable de tumbar la semana pasada el decreto ómnibus con el que el Gobierno pretendía aprobar el escudo social.
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La revalorización de las pensiones de 2026 se ha demostrado que actuaba como gancho para, solapadamente, sacar adelante otras medidas lastradas por el desacuerdo. No prosperó lo que los críticos llamaron un ejercicio de “trilerismo” y ahora Sánchez se ha visto forzado a trocear la iniciativa en busca del respaldo negado cuando lo pedía uniendo medidas.
Presentará por separado las pensiones y en otro decreto los desahucios, gracias al aval del PNV a cambio de blindar a los caseros que sólo tengan una vivienda en renta para que la recuperen en caso de impago. Un apoyo a trozos que vuelve a poner a prueba las costuras del bloque de investidura y de una legislatura en la que se ha dado la sensación de mercadear con las prestaciones de 13 millones de pensionistas.
