Las comisiones de investigación constituyen un instrumento parlamentario destinado a fiscalizar asuntos de interés general, al margen o en paralelo a eventuales procedimientos judiciales y llamado a arrojar luz y, en su caso, discernir responsabilidades políticas. La conversión de este mecanismo de control en las Cortes en sucesivos campos de batalla partidarios ha puesto en solfa su utilidad en aras del bien común, una sombra de sospecha que se ha intensificado con la proliferación de estos grupos de trabajo específicos en una legislatura atravesada por una polarización extrema. El Gobierno viene denunciando lo que interpreta como un uso torticero por parte del PP de su mayoría absoluta en el Senado para maniobrar con la comisión del ‘caso Koldo’, obviando que él carga con algo más reprobable: haber cedido a Junts la revisión en el Congreso de los atentados yihadistas del 17-A en Barcelona, permitiendo que se alienten teorías de la conspiración sobre unos crímenes ya juzgados. 

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En este contexto, resulta tan aleccionador como lacerante, dada la gravedad de lo que se inspecciona, que la comparecencia de Feijóo en la comisión de la Cámara baja sobre la trágica dana de Valencia del 29 de octubre de 2024 derivara en lo que se preveía: un bronco intercambio de pareceres entre el líder del PP y los portavoces de la izquierda que difícilmente pudo contribuir a esclarecer la verdad sobre la gestión de las administraciones aquella fatídica tarde ni aliviar el padecimiento de los familiares de las 230 víctimas. La declaración de Feijóo como testigo ante la jueza que instruye la catástrofe y su citación ayer ante el Congreso evidencian hasta qué punto planea sobre el PP la indefendible actuación de un presidente autonómico que tenía que haber renunciado a su cargo, dado que era él el único que tenía esa prerrogativa, mucho antes de lo que lo hizo. Pero media una distancia, que en ningún caso debería haberse saltado ayer en el Congreso, entre culpabilizar al líder del PP de no haber sido más expeditivo con su barón valenciano y requerirle las explicaciones pertinentes sobre lo que sabe de aquel aciago 29-O -el objeto de la comisión- y tildar de “homicida y psicópata” a Mazón, como hizo Rufián, y atribuir al compareciente complicidad en las muertes. Porque existe una delicada frontera moral entre perseguir genuinamente la verdad y el histrionismo acusador.