Con el foco situado en la atención a las víctimas y familiares del accidente en Adamuz, el reto mayúsculo que se abre en este escenario de dolor es la recuperación de la confianza en la alta velocidad ferroviaria, la gran apuesta para vertebrar el transporte en España con seguridad y eficacia. Y para ello es imprescindible hacerlo con transparencia en el análisis de las causas de tan grave accidente; en la difusión de información fiable y contrastada, en una tarea que se refuerza por las comparecencias comprometidas del presidente del Gobierno y de su ministro Puente; y en la aplicación rigurosa y urgente de los mecanismos de corrección que sean necesarios, en función de las claves que aporte la investigación en marcha. La obligada prudencia sobre las causas del siniestro no debe ser excusa para que el Ministerio de Transportes y Adif como operador eluda responsabilidades sobre el estado de una red tensionada, sobre todo a raíz de la liberalización que permitió en 2021 la entrada en liza de competidores privados. 

Lo que parece “innegable”, en palabras de Puente, es que se ha producido un fallo en la infraestructura, en el estado de la vía sobre la que descarriló el Iryo que luego invadió fatalmente el carril por el que circulaba un Alvia. Como así se desprende de las primeras hipótesis oficiales que apuntan a que “la fractura” del carril se produjo “minutos u horas antes” del paso del Iryo. Las pesquisas se centran en la “rotura” de la vía y en su deterioro. Puente se fuerza en negar problemas de mantenimiento o de falta de controles en la red y el primer tren descarrilado. Pero es innegable también el aumento de la ocupación y del uso de la vía desde la llegada de nuevos operadores. Y que ese mayor desgaste exige un incremento cuanto menos proporcional de las tareas de revisión y reparación de una red de 4.000 kilómetros, muy mejorables en algunos tramos, en opinión de maquinistas que piden reducir la velocidad para circular por vías con incidencias. El esclarecimiento de este accidente no puede quedar en un limbo que diluya responsabilidades como ocurrió con el apagón de abril.