Erro, Betelu, Sangüesa, Ochagavía... Cada semana se suma un nuevo pueblo a la lista de residencias rurales navarras al borde del colapso económico. Detrás de cada centro hay personas mayores que dependen de esos cuidados y trabajadoras que no saben cuánto tiempo más resistirán sus centros.

Esta crisis no es casual ni sorprende a quienes llevamos años advirtiendo sobre ella: es el resultado previsible de una decisión política tomada hace cuatro años por el Gobierno de Navarra. Un cambio en el sistema de concertación de plazas rompió la estrategia salarial del sector, hundiendo económicamente a las residencias rurales sin fines lucrativos.

Lo más significativo es que la medida no afectó a las grandes multinacionales que operan en Pamplona, creando un doble rasero incomprensible e injustificable. El mecanismo es sencillo pero devastador. Las multinacionales pagan según convenios estatales que suelen estar por debajo del salario mínimo interprofesional. Las residencias rurales cuentan con convenios propios muy superiores, fruto de años de negociación colectiva. ¿El resultado? Cuanto mejor paga una residencia rural a sus trabajadoras, mayores son las pérdidas que acumula mensualmente. Y aclaremos algo: la culpa no es de quienes han conquistado condiciones laborales dignas.

La responsabilidad es de quien debe regular y financiar adecuadamente el sector. Mientras el Gobierno presenta planes contra la despoblación y habla de apoyar al mundo rural, sus propias políticas de financiación aceleran el cierre de servicios esenciales en los pueblos. Desde Lares Navarra exigimos una reflexión urgente y un compromiso real. No pedimos privilegios: pedimos que se reconozcan los costes reales y se apueste claramente por el tercer sector, solidario, social y comprometido con el cuidado de nuestros mayores en el medio rural.

Eduardo Mateo Miranda. Presidente Lares Navarra