Estos días anda el concejal de Bildu turbado por quienes le acusan de dispensar trato de favor en las operaciones urbanísticas del Ayuntamiento de Pamplona. Unas veces le imputa tal complicidad la oposición municipal y otra, un grupo de vecinos afectados. Se trataría de ciertas decisiones del gobierno municipal de EH Bildu que benefician desproporcionadamente a determinados propietarios o promotores. Con el fin de evitar quedarnos en el calificativo (o más bien para justificarlo), vamos a aportar hechos y fechas sobre un asunto concreto como es el turbio enjuague llevado a cabo en torno a la conocida operación Maristas.

En abril de 2019 el alcalde Asirón y su concejal Abaurrea posan satisfechos junto al representante de una promotora hasta el momento prácticamente desconocida en Navarra. Anuncian en su favor la recalificación urbanística del colegio de Maristas para construir viviendas, eso sí, con la indispensable condición de que, de las 150 viviendas previstas, 108 de ellas lo serían de protección oficial y, además, para asegurar su construcción, se exige a la promotora construirlas y entregarlas a sus compradores a la vez, con independencia de que fueran libres o protegidas. De esta forma, se aparentaba apartar la sensación de “pelotazo” o trato de favor a una promotora.

En octubre de 2022, el Gobierno respaldado por Bildu tramita ante el Parlamento un incremento o actualización del precio de la VPO. Para todos los promotores, pero lo peculiar de ese año fue que la actualización (el módulo) se aprobaba en octubre y no en enero, como todas las ocasiones anteriores. Los representantes del sector se sorprenden ante esta extemporaneidad. Una promotora, solo una, retira previamente su solicitud para días después repetirla y beneficiarse, así, del incremento de precio. ¿Quién? La promotora “encubierta” de Maristas (definida así por la propia consejera de Vivienda).

En el mismo año, el Gobierno de Chivite y Bildu aprueba un conjunto de medidas para paliar los efectos de la guerra de Ucrania, entre ellas, la posibilidad de que se pudieran promover viviendas protegidas en edificios catalogados. Solamente una promoción concurría esa circunstancia. De nuevo el boletín oficial al servicio de la misma operación. Esta semana, el equipo de gobierno de Asirón cambia la normativa urbanística y exime la condición de entregar las viviendas libres y las protegidas al mismo tiempo, a la vista de que la promotora (mediante fórmulas cooperativas de dudosa transparencia) ha incumplido la obligación de construir las viviendas protegidas y mantiene en una espiral de incertidumbre, sobrecostes y desamparo a las familias adjudicatarias de dichas viviendas.

El pretexto esgrimido fue que, aún con el flagrante incumplimiento, la construcción de las VPO quedaba ahora “garantizada”. Nada más falso. Ni una sola línea del acuerdo hace referencia a esa posible garantía. En el edificio afectado han realizado derribos interiores, pero la construcción todavía no se ha iniciado.

Valoremos con estos hechos si ha habido trato de favor a una determinada promotora y quién lo ha otorgado. La promotora asegura cerrar el negocio de la vivienda libre, al tiempo que deja a su suerte a los compradores de vivienda protegida. Todo muy progresista. Bildu al frente y sus socios, nuevamente, de comparsa.

Juan Luis Sánchez de Muniáin es parlamentario foral por UPN.