A nadie salvo a él, que es lo más grave, escapa que el presidente Pedro Sánchez y su Gobierno atraviesan un momento de enorme fragilidad política en el que hablar hoy de cohesión en la mayoría que le dio la investidura es poco más que una entelequia. Pero Pedro Sánchez sigue dispuesto a hacer de la necesidad virtud para continuar en la Moncloa, aunque ello suponga seguir resquebrajando la igualdad entre los españoles en favor del secesionismo catalán y de provocar un incendio tras otro. Así comenzó su reelección, y así se lo están haciendo pagar Junqueras y el prófugo Puigdemont sabedores de la extrema debilidad parlamentaria de Sánchez. El presidente y líder del Partido Socialista comenzó el año dejando por escrito en una carta a su militancia que no renunciará a culminar esta legislatura, cosa que no sorprende a nadie porque su empeño de palabra y obra es evidente, aunque el coste para el conjunto de los ciudadanos, los que han votado al PSOE y los que no, sea considerable, tal y como ha quedado de manifiesto esta pasada semana. 

¿ERES SUSCRIPTOR? AQUÍ TIENES MÁS INFORMACIÓN SOBRE ESTE TEMA

Amplía la información sobre OPINIÓN en la edición e-paper de Diario de Navarra, disponible a diario para suscriptores de papel y PDF

Leer ahora

La propuesta de reforma del actual sistema de financiación autonómica, que presentó la vicepresidenta María Jesús Montero el viernes, un día después de que la hubiera anunciado el líder de ERC, Oriol Junqueras, ha sido diseñada para mejorar clara y singularmente la posición de Cataluña, aunque bastante más descafeinado de lo que habían acordado inicialmente. Tan complejo es que la misma salga adelante, como que es un ejemplo más del servilismo de este Gobierno con el secesionismo. Que por cierto, juega sus propias bazas, en pro únicamente de sus intereses y que además se dirime una batalla en clave electoral propia entre ERC y Junts, que venden sus logros a sus correligionarios. Sánchez está determinado a pelear por su gran reto para el primer trimestre de este año: presentar los presupuestos generales. El problema es que su debilidad le coloca en clara desventaja ante unos socios nacionalistas y secesionistas ávidos por sacar tajada propia a cambio de sus apoyos. La legislatura agoniza con una gobernabilidad imposible.