Bien se comprende el estado de ‘shock’ en el que sumió la noticia de su liberación a los cinco españoles que llegaron el viernes a Barajas. Recibieron la buena nueva instantes antes de abandonar las prisiones venezolanas en las que pasaron más de un año por acusaciones arbitrarias endosadas por el chavismo. La convulsa coyuntura que atraviesa aquel país deparó lo que el presidente de su Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, definió como “gesto unilateral por la paz y la convivencia política”. Pero lejos de vaciar las cárceles de los centenares de presos políticos que padecen las penosas condiciones que denuncian las organizaciones de derechos humanos, el Gobierno de Caracas conduce un proceso falto de transparencia que somete a familiares y amigos a una angustiosa espera. Jorge Rodríguez reconoció la mediación de Zapatero, el presidente brasileño Lula da Silva y el omnipresente Gobierno de Catar en la excarcelación de los españoles. 

El Departamento de Estado de EE UU se atribuye también el impulso a la medida; y hasta Trump se felicita por este cambio en la suerte de los hasta esta semana presos y que compartían la imputación favorita del régimen: la de “planear un atentado contra Nicolás Maduro”. Un régimen que, después de la operación militar estadounidense para deponer a Maduro y procesarlo en Nueva York, mantiene una preocupación retórica por el que considera todavía presidente. Que sigue sin atender al clamor de la comunidad internacional para que dé paso a una transición democrática y fía su continuidad a ejercer de gestor de los recursos del pueblo venezolano a las órdenes de Trump. Tanta obediencia aprecia el presidente estadounidense en la mandataria encargada, Delcy Rodríguez, que renuncia a nuevas acciones armadas, como, por otra parte, le exige el Senado de su país. La semana que comienza aparece llena de intercambios diplomáticos. Un ámbito en el que España debe mantener el papel activo que ya desarrolla ante las autoridades venezolanas y con la oposición.