La asistencia sanitaria, cuando se promete universal y gratuita como sucede en los países de nuestro entorno y más allá, adquiere el esplendor de lo grandioso y es poseída por la ciudadanía como una de los grandes logros de la modernidad. Sin embargo, las promesas que adquieren un asentimiento unánime, como en este caso, pueden causar una debacle en su original entusiasmo cuando los resultados quedan lejos de las expectativas creadas. Uno de los males que aqueja a la sanidad pública, quizá el más importante, consiste en que nunca ha dejado de estar embarrada por la ideología. En lugar de formar parte de un acuerdo firme y sereno entre los partidos políticos que la hagan funcionar con un gran pacto nacional, lejos de intromisiones bastardas, ha sido como un barco de gran envergadura abandonado en el mar al socaire de pilotos que tienen visiones distintas sobre su rumbo. El resultado es predecible y el desencanto de los tripulantes no lo es menos. 

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¿Por qué algunos gobiernos se empeñan en que toda la actividad sanitaria pública debe llevarse a cabo con medios públicos? ¿No sería más fácil, y sin duda más eficaz, si se limitaran a financiarlo y exigir después a quienes deban prestar el servicio asistencial -sea público o privado- con estándares de eficacia y eficiencia propios del mercado? En su mano está exigir la regulación con los pliegos de concursos pertinentes y tomar las medidas oportunas si no se cumplen. Un país que arrastra una lista de espera de 850.000 personas en cirugía -una espera degradante para el usuario- con el agravante de que hay 14 millones de personas (catorce) que tienen un seguro privado y, por tanto, no harán uso -al menos en su mayoría- del sistema público, es un mentís humillante para quienes proclaman a todos los vientos la asistencia sanitaria gratuita y universal. La huelga de los médicos -medida indeseada por ellos mismos- es un indicio más de la falta de entendimiento por parte el Ministerio de Sanidad y el síntoma de un mal estructural. El Estatuto Marco que reclaman las organizaciones médicas no se refleja en el Estatuto General por las peculiaridades específicas de este sector, que no obedecen a las del régimen general. La sanidad pública de nuestro país posee un alto nivel de profesionales con una gran preparación, pero se lleva a cabo a costa de un deterioro de las condiciones laborales, con excelentes médicos cada vez más cansados y desmotivados, con una sobrecarga asistencial que perdura en el tiempo, retribuciones poco competitivas con los países de nuestro entorno, abandono de los profesionales, la presencia indebida de la precariedad, bajas por ansiedad y con un porcentaje de la población cercano al 50% que considera que necesita cambios importantes para cumplir con lo que se espera de ella. Todo ello afecta a la salud mental, de cuya importancia somos conscientes tardíamente. 

Un Acuerdo Marco de un sector tan sensible como el de la sanidad requiere un gran pacto común para todo el SNS, con una carrera profesional homogénea, en la que la formación continuada y la evaluación clínica adquieran toda su importancia… ¿Y qué decir de la Atención Primaria? Mientras no se la prestigie y se convierta en el eje sobre el que pilota el conjunto de la asistencia sanitaria, seguirá siendo injustamente el hermano pobre. El espectáculo bochornoso que nos ha ofrecido este año con el modelo de MUFACE (Mutualidad General de Funcionarios Civiles del Estado) obedece una vez más a razones ideológicas, llegando la ministra de Sanidad a afirmar que el sistema público es capaz de absorber sin dificultad -representan un 2,5% de los asegurados- a más de un millón de usuarios, y olvidando el grave problema que ya tiene con los actuales, a los que no llegan con la dignidad debida. ¿Qué sería del sistema público si los catorce millones de personas con seguro privado decidiesen acudir al sistema público? La coexistencia de lo público y privado no solo no los hace incompatibles sino que se refuerzan y hacen más vigoroso su funcionamiento mutuo. Negarlo es aferrase a una falta de lógica; de hecho, a la inexorable necesidad de la sanidad privada para el conjunto. En cierto sector político existe el prejuicio de que al ser la asistencia sanitaria un bien de primera necesidad no es ético que existan quienes se lucren con su ejercicio. Aparte de que hay hospitales y centros privados sin ánimo de lucro, ¿qué impide que otros no puedan lucrarse con el ejercicio de su profesión? ¿No lo hacen las compañías farmacéuticas, los panaderos, las empresas de alimentación y tantos otros sectores que son también de primera necesidad? Es este un prejuicio -no puede calificarse de otra forma- que abonan quienes tienen una visión estatalista e impiden la riqueza que tiene la iniciativa de la sociedad. 

Francisco Errasti. Economista