Una de las consecuencias potencialmente más nocivas de la polarización entre el Partido Socialista que lidera el Gobierno de España y el Partido Popular que comanda buena parte del país autonómico es la proyección de ese divorcio al obligado entendimiento institucional entre administraciones en aras del bien común. Una falta de consenso que se transforma en choque abierto y público con especial estridencia entre el presidente Pedro Sánchez y su homóloga al frente de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, en una estrategia política que se retroalimenta incidiendo en la toxicidad ambiental que erosiona la necesaria cohesión social. Y de lo que deberían tomar buena nota los líderes políticos, más allá de sus discursos de fin de año, donde proliferaron unos llamamientos para frenar la “crispación política” que es necesario pasen de las palabras a los hechos. 

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Porque además de evitar debates de altura en los que las propuestas de cada cual superen el ruido y el manido “y tú más”, amenaza con contaminar el ciclo electoral autonómico que comenzó el 21-D en Extremadura, con un sonoro batacazo para el PSOE, y que proseguirá en el primer semestre de este 2026 en Aragón, Castilla y León y Andalucía. Toda vez, además, que en la primera y la tercera de esas comunidades, el presidente Sánchez ha optado por oponer dos piezas clave de su Gobierno hasta ahora -Pilar Alegría y María Jesús Montero- a los barones del Partido Popular. Atendiendo a las tradicionales alocuciones correspondientes a fin de año de los líderes autonómicos a sus conciudadanos, la vivienda y la gestión migratoria se configuran como dos de los grandes temas y desafíos del debate político para nuestro país en este nuevo año. Dos retos mayúsculos, como otros tantos, que requieren, debido a su importancia y magnitud, una concertación hoy lamentablemente inexistente. Y que es en la que deberían afanarse.