Uno de los logros importantes, aunque no el único, del Estado de Bienestar es el sistema de pensiones, que funciona en todos los países desarrollados. En España y también en otros de nuestro entorno, tenemos un sistema piramidal o de reparto; es decir, para que los pensionistas cobren su pensión se requiere que los trabajadores (nuevos contribuyentes) sean suficientes en número y cantidad. No es complicado entender que tenemos un índice de natalidad de los más bajos de Europa y una alta expectativa de vida. Por tanto, el mercado laboral necesita de los inmigrantes para cubrir la oferta de determinados puestos de trabajo (en general con retribuciones bajas e insuficientes) para que el Estado pueda abonar a los pensionistas. Este es el motivo de que el Estado tuviera que inyectar cerca de 50.000 millones de euros el año pasado para pagar las pensiones de la Seguridad Social. ¿De dónde obtiene ese dinero? Del aumento de la deuda, que no deja de crecer y será lo que tendrán que pagar los que nos sucedan. Conclusión: en un contexto como el actual, de decadencia demográfica, el sistema es insostenible. Lo han dicho por activa y pasiva todos los expertos y agentes económicos, pero el gobierno hace oídos sordos a esta necesidad que cada vez se hace más perentoria. Las medidas que adopta el gobierno, incrementando las cotizaciones (lo que perjudica la competitividad de las empresas) y aumentando la edad de jubilación, no son más que medidas paliativas que tratan de maquillar un sistema en sí mismo inviable. 

El conflicto originado en Francia porque el gobierno ha tratado de aumentar la edad de jubilación para mejorar, que no resolver, el problema de las pensiones es un ejemplo paradigmático de lo que puede pasar en otros países, el nuestro entre otros, si no se avanza en la dirección correcta. Los problemas nunca se solucionan ignorándolos. No somos el único país que aboga por retrasar la edad de jubilación, vinculándola a la longevidad, pero sus efectos en la reducción del gasto en pensiones no son relevantes. Más importante para toda la economía es el incremento de la productividad que contrarreste el coste de la presión demográfica en las cuentas públicas, porque es la principal fuente de crecimiento económico.

Un hecho incuestionable: el Estado paga diez millones de pensiones y ninguna Comunidad Autónoma puede abonar las pensiones con las cotizaciones que recauda. Cataluña y el País Vasco tienen un déficit conjunto de más de 14.000 millones. (J.A. Herce, Foro de expertos del Instituto BBVA de Pensiones). De ahí el nulo interés de los partidos nacionalistas en que les sean transferidas las pensiones, al contrario que los impuestos cuya recaudación están deseosos de recibir.

La única solución viable es el sistema de pensiones de capitalización individual que algunos países, como Holanda y Dinamarca, han introducido. Consiste en que los trabajadores acumulen capital con sus aportaciones personales en cuentas de ahorro previsional. El modelo bien conocido de Chile es una luminaria que puede alumbrar a otros países con un sistema de capitalización que está dando unos resultados altamente beneficiosos. Algunos otros países han iniciado el camino por la misma senda.

El elevado nivel de deuda pública que tenemos en España se debe en parte a nuestro sistema de pensiones que cada vez se lleva más recursos del Estado. Y esto tiene consecuencias no deseadas para nadie, porque cada euro que se destina a las pensiones se detrae de otras posibles políticas -inversiones que mejoren la productividad, vivienda, mejoras sociales, etc.- y nos aleja del bienestar de los países de nuestro entorno. Sin hablar del colapso que han protagonizado las situaciones de incapacidad temporal por encima de los dos años que ha elevado enormemente el número de pensiones de invalidez, dada la dificultad de la Seguridad Social para atender el seguimiento de los expedientes.

El canciller alemán Friedrich Merz, que tiene el mismo problema que tenemos en España, se presta a reestructurar el sistema de pensiones y afirma que dispone del acuerdo de sus socios de coalición, para repensar un nuevo contrato intergeneracional, en el contexto de unas reformas más generales de todo el sistema social. Sin embargo, me temo que va en la misma equivocada dirección que nosotros respecto de las pensiones, puesto que no sale del sistema de reparto actual.

Francisco Errasti. Economista