El gobierno británico se ha comprometido a introducir un sistema de identificación digital para todos los ciudadanos y residentes legales antes del final de la legislatura actual (no más tarde de 2029). Aunque hasta ahora su uso ha sido mayoritariamente voluntario, esta voluntariedad se está erosionando. El propio gobierno ha indicado que la identificación digital será un requisito para trabajar legalmente, y una versión inicial -GOV.UK One Login- ya se está imponiendo a los directores de empresas en todo el país. Claramente, el gobierno no exigirá la adopción universal desde el primer día. Como ocurre con cualquier mecanismo estatal nuevo, existe un período inicial de transición con cierto grado de voluntariedad. Pero una vez normalizado el sistema, es previsible que se convierta en un requisito tan inevitable como tener pasaporte para viajar. ¿Puede un gobierno moderno permitir que grandes grupos de ciudadanos permanezcan indefinidamente al margen del sistema digital mientras este se convierte en una pieza clave de la administración pública? La identificación digital promete eficiencia y verificación rápida. Pero esa eficiencia conlleva riesgos importantes: en particular, una expansión excesiva del poder estatal sobre el ciudadano y una mayor fragilidad sistémica. Los sistemas tradicionales de identificación -documentos físicos, bases de datos locales, redundancias burocráticas- dificultaban un seguimiento exhaustivo de la conducta del ciudadano y reducían el impacto de un único fallo. La consolidación digital reduce significativamente estas protecciones. 

El peligro no es que vaya a nacer de la noche a la mañana un Estado distópico, sino que se pondrá en marcha la arquitectura del control autoritario, y las posibles repercusiones de filtraciones graves de datos y fallos del sistema se verán considerablemente ampliadas. Un informe de la Cámara de los Comunes (3/11/2025) señala que el gobierno británico asegura que “no habrá una base de datos centralizada”. Sin embargo, organizaciones de defensa de derechos civiles como “Big Brother Watch” advierten que los sistemas descentralizados pueden funcionar como centralizados si los identificadores permiten vincular datos entre plataformas. Un sistema que conecte empleo, impuestos, beneficios, historial médico, viajes y actividad digital podría funcionar, en la práctica, como una base de datos estatal centralizada. Una identificación digital controlada por el gobierno para acceder a múltiples servicios plantea riesgos importantes debido al conflicto de interés inherente en ella: la entidad que diseña el sistema tiene incentivos para ampliar su propio poder. A diferencia del antiguo modelo -un funcionario local que comprueba información limitada-, un sistema digital integrado permite una forma de vigilancia remota, automatizada y global sobre el acceso de un ciudadano a servicios que requieran verificación digital. En futuras versiones, algoritmos podrían evaluar ese historial para conceder o restringir acceso a servicios, incentivando la conformidad con las políticas estatales. 

El riesgo aumenta aún más si la identificación digital se vincula a una moneda digital de banco central. Con un monedero digital controlado por el gobierno, los gerentes del banco central podrían imponer límites directos al gasto: restringir viajes tras alcanzar un “límite de carbono”, bloquear compras o penalizar a usuarios por actividades políticas “no deseables”. La progresión hacia estos escenarios no es meramente especulativa. Si la identificación digital determina el derecho a trabajar, podría ampliarse para verificar historial de vacunación, datos médicos o el derecho a acceder a transporte y espacios públicos. También podría convertirse en requisito para publicar en redes sociales, facilitando restricciones a cuentas consideradas problemáticas. Las experiencias recientes no invitan al optimismo. Durante la pandemia, varios gobiernos occidentales aplicaron restricciones severas basadas en criterios altamente discutibles y algunos, como el presidente Macron, declararon explícitamente que buscaban “hacer la vida difícil” a quienes se negaban a aceptar una vacuna novedosa. En este contexto, es difícil confiar en que un actor estatal renunciaría al uso intensivo de una herramienta tan poderosa como una identificación digital ampliamente integrada. 

Los riesgos no son solo políticos. También existe una elevada exposición técnica. Cuanto más integrados estén los sistemas, más atractivo será el objetivo para ciberdelincuentes. Bases de datos gubernamentales y privadas han sufrido importantes brechas de seguridad en las últimas décadas. Un sistema amplio y rico en datos aumenta el valor del botín y el daño potencial. Además, la accesibilidad de los servicios públicos dependería de la estabilidad de una única columna vertebral tecnológica. Fallos recientes en infraestructuras críticas muestran cuán vulnerable puede ser un sistema demasiado centralizado. Si un fallo afectara a la infraestructura de identificación digital, podría paralizar el acceso a la sanidad, prestaciones, transporte o acreditación laboral. La tecnología de identificación digital podría desarrollarse de manera más segura si existiera un ecosistema plural, con múltiples proveedores competidores bajo un marco legal amplio, y con la máxima voluntariedad para los ciudadanos. En un momento de profunda desconfianza hacia las instituciones públicas, es imprudente conceder a los gobiernos una herramienta que habilita niveles inéditos de vigilancia, control tecnocrático, vulnerabilidad sistémica y exposición a filtraciones masivas de datos. Difícilmente podría haber un momento peor para entregar al Estado el control de un sistema universal de identificación digital. 

David Thunder. Investigador de filosofía política. Vive y trabaja en Pamplona.