Termina el año 2025 con la obra de la segunda fase del Canal de Navarra paralizada desde hace quince años desconociéndose cuándo se iniciará su construcción.

Esta infraestructura considerada de vital importancia para la mitad sur de Navarra suministraría agua para abastecimiento urbano, agricultura e industria.

En términos coloquiales se puede decir que no se dispone de dinero y el Gobierno de Navarra no toma ninguna iniciativa positiva para solventar este asunto para con ello poder construir. Ante esta inacción recurre a la propaganda con un discurso de “estar en el asunto” para disculpar su pasividad.

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Tanto el Gobierno de Navarra como el de España insisten en discursos de “hacer algo para no hacer nada”. Se puso de manifiesto el pasado 13 de noviembre en el Parlamento de Navarra – durante el debate de la Comunidad- en donde la Sra. Chivite anunció como “gran noticia”, “la aprobación definitiva del proyecto de la segunda fase del Canal de Navarra”. Se olvidó decir cuando habilitarían fondos para licitar ese proyecto y fecha de inicio de su construcción.

Recurrir a un anuncio como era la aprobación de un “proyecto definitivo”, después de haber retrasado siete años la contratación de su redacción, añadir seis años más de retraso para su exposición pública y sumar además casi tres años de retraso para resolver este trámite, en total quince años, para al final llegar a la aprobación de un proyecto del que no se conoce ni cómo ni cuándo se podrá iniciar. En esa línea de no concretar se produjo otra intervención el pasado día 25 de noviembre, en el Senado, en el que la ministra Aegesen manifestó “el Estado se compromete a finalizar la segunda fase del Canal de Navarra en cuatro años”. Decir cuatro años para finalizarlo sin decir cuando comenzaría la construcción supone una tomadura de pelo e incrementar la demagogia y la falta de compromiso de su ministerio, más aún, sin informar sobre la habilitación de los fondos imprescindibles para licitar e iniciar esa obra.

Resulta preocupante el encarecimiento del proyecto por el retraso que acumula, lo hace en un 28% del sometido a información pública en enero de 2.023, es decir, pasar de los 291,8 millones de euros previstos a 373,7 millones, supone la nada despreciable cantidad de 81,1 millones de euros de sobrecoste.

Estos comportamientos de falta de concreción de los gobiernos se pueden complementar con las falsas promesas de su licitación manifestadas en años anteriores no solamente por la Sra. Chivite, su gobierno y el PSN, sino incluso, por los ministros Sr. Planas y Sra. Aegesen en el Congreso de Diputados. Así lo hicieron poniendo fechas de licitación, todas ellas incumplidas, lo que de hecho supuso un engaño.

Para comprobar el nivel de ineficacia y falta de interés por desarrollar esta obra se podría comparar con lo realizado en la primera fase; que iniciada su construcción en 1999 terminándose junto a su total desarrollo en 2011, es decir, doce años entre su inicio y final. Se puede cuantificar lo conseguido con la puesta en regadío de 22.000 has en la zona media de Navarra, complementariamente se pudo suministrar agua a la industria y a diferentes mancomunidades para abastecimiento urbano -entre ellas a la comarca de Pamplona-.

Comparar lo realizado en esos doce años con la paralización de quince años en la segunda fase supone “un todo frente a la nada”. El hecho cierto es comprobar como La Ribera, como principal beneficiaría del canal, se encuentra en la zona más productiva de Navarra, siendo además la que más empleo y mayores beneficios económicos pudiera generar si se construyese.

Los estudios realizados en 1992 avalan estas afirmaciones, se encuentran en el documento "Valoración ex ante del impacto macroeconómico del Proyecto de Itoiz-Canal de Navarra”. Se pudieran resumir en el gran beneficio económico que generaría, que aumentaba a medida que avanzaba su construcción y la superficie regable. La conclusión con la segunda fase terminada triplicaría sus beneficios con respecto a la primera y supondría de hecho mejora de la rentabilidad del conjunto de las dos fases.

Lamentablemente con esta paralización se ha puesto en evidencia como empresas e industrias agroalimentarias instaladas en Navarra amplían sus inversiones y capacidades productivas fuera de nuestra comunidad. A pesar de ello el sector agroindustrial ha manifestado, reiteradamente, su interés en hacerse con el incrementó de producción agraria que se produzca en el futuro una vez construido el canal.

Ante estas realidades al Gobierno de Navarra le corresponde la necesidad urgente de iniciar y no paralizar el canal, lo contrario supondría penalizar a un sector económico como el agroalimentario y el desarrollo de La Ribera suponiendo, además, poner en riesgo la propia continuidad del canal.

José-Cruz Pérez Lapazarán. Exconsejero del Gobierno de Navarra.