Cierre en falso de la crisis

La presidenta Chivite cede a la presión de sus socios y cesa al director general de Obras Públicas mientras mantiene en el puesto al consejero, responsable último de la gestión de Belate

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Editorial DN

Publicado el 03/12/2025 a las 05:00

Han tenido que pasar cinco días para que la presidenta de Navarra haya movido ficha y tratado de apagar el fuego provocado por el reparo suspensivo de los sobrecostes de Belate. La noticia publicada por este periódico, un desvío millonario e injustificado en el presupuesto avalado por el Gobierno foral, despertó una oleada de aparente indignación en los socios de María Chivite, que apuntaron inequívocamente hacia una persona: el consejero de Cohesión Territorial, Óscar Chivite. 

Sin embargo, la cabeza de turco ofrecida finalmente por la líder socialista se encuentra un peldaño por debajo, por lo que está por ver si a Geroa Bai y Contigo Zurekin les basta con cobrarse esa pieza de caza menor. Se trata de Pedro López Vera, director general de Obras Públicas, en lo que más parece un cese inducido por presión externa que por convicción. 

A priori, y por el ruido que escapa tras el movimiento desde las sedes de los compañeros de viaje en el Ejecutivo, la impresión es que Chivite se ha quedado corta, con el consiguiente riesgo de cerrar en falso la que ya es la primera brecha de la legislatura. Otra cosa son las declaraciones de cara a la galería, donde algunos ya han corrido a celebrar las medidas como “adecuadas y proporcionadas”. 

Porque no es un tema menor. No estamos ante un error más de gestión. Se trata de un modo de actuar desde las instituciones que preocupa en la ciudadanía. Y eso, aunque sólo sea por su ulterior traducción demoscópica, inquieta a los políticos. Desde la decisión de represaliar al funcionario que denunció las irregularidades en torno a la licitación del desdoblamiento de los túneles (Lorenzo Serena fue enviado a una nave del Polígono de Landaben), hasta las ya tasadas mentiras en sede pública del consejero, que trató de justificar los 8,5 millones de sobrecoste como una medida impuesta desde Madrid, lo que rodea a la mayor obra pública en Navarra en décadas destila oscurantismo y duda. Y todo en el mismo día en el que los socios de Gobierno se reparten vía enmienda millones de euros para actuaciones en ayuntamientos afines.

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