El castillo que había construido en el aire el consejero Óscar Chivite para dar por buenos más de seis millones de sobrecostes en las obras del Túnel de Belate se ha derrumbado con estrépito en menos de una semana. Está por ver ahora si Óscar Chivite es capaz de sobrevivir de entre los escombros, porque los socios de su propio Gobierno, Geroa Bai y Contigo, piden abiertamente su cabeza por primera vez. Las obras del Túnel de Belate son ya una pesadilla, no sólo para los contribuyentes y los automovilistas, sino para el propio Gobierno de Navarra que las impulsa. Se han convertido en el agujero negro donde confluyen todas las sospechas de una adjudicación forzada a Acciona-Servinabar, firmas en el centro de una trama de presunta corrupción a nivel nacional que investiga el Supremo. Y ahora además en un foco de sospechosos sobrecostes millonarios que el consejero del ramo ha intentado colar como obligados y justificados por los técnicos. Hasta que todos y cada uno de los funcionarios técnicos que debían validar esas palabras se han plantado con dignidad.

El jaque mate del Interventor. La versión del consejero se ha venido abajo en tres pasos. Los funcionarios técnicos que debían validar sus palabras han dicho, hasta aquí hemos llegado. Yhan desmontado su mensaje dejándolo en evidencia. Con el culo al aire, dicho en términos coloquiales que se entienden bien.

Primero fue el técnico de la Delegación del Gobierno quién negó en el Parlamento que hubiera obligado a ejecutar cambios en el proyecto del túnel. Un día más tarde fue el ingeniero de Minas del Gobierno de Navarra, que también negó haber propuesto ningún cambio que originara más gastos. Y el jaque mate al consejero lo ha dejado por escrito el Interventor General del Gobierno en un informe de 32 páginas que deja negro sobre blanco el esperpento de la situación creada. El Interventor General es el máximo responsable interno del control de la legalidad de los gastos de la Administración foral. Tiene el cargo de director general y lo nombra el propio Gobierno. Así que María Chivite tenía poco margen de autoridad para discutir sus decisiones. Y Juan José Pérez Capapay ha realizado un informe demoledor. Considera que no tienen encaje legal sobrecostes por valor de 6,2 millones de euros del total. Y por lo tanto se niega a dar el visto bueno al pago del dinero que ya había aprobado el departamento de Cohesión Territorial de Óscar Chivite. Una decisión grave y muy excepcional. Se llama reparo suspensivo y es una figura que se ha usado con cuentagotas en los últimos años. Es una enmienda a la totalidad a la gestión de Obras Públicas en este asunto. Y, en paralelo, es una reivindicación de autonomía y de su credibilidad técnica para no verse arrastrado al sumidero con el expediente de Belate.

El Gobierno de María Chivite tenía dos opciones. Corregir al Interventor General y aprobar el gasto en sesión de Gobierno (tiene potestad para hacerlo). O aceptar el reproche y acatarlo. Ha optado por la segunda para evitar el tremendo desgaste político que le supondría tener que pasar por encima del Interventor General para aprobar un gasto tan cuestionado en todas las instancias técnicas y políticas.

Grieta en el corazón político del Gobierno. Pero está por ver si la presidenta logra sortear achicharrarse en este incendio. Porque los reflejos del Ejecutivo para dar marcha atrás rápidamente, no han evitado que se abra una grieta en el corazón político del Gobierno de coalición. Por primera vez, los dos socios del PSN, los nacionalistas de Geroa Bai-PNVy la izquierda de Contigo Navarra han alzado su voz en público para pedir responsabilidades políticas. Para pedir cabezas por este escándalo con todas las letras. Es un marcar distancias políticas con el PSN, con la presidenta y con su gestión sobre Belate.

En el caso de Geroa Bai, es obvia su incomodidad desde el primer día con la gestión socialista de esta obra que entienden que también les desgasta a ellos como integrantes del Ejecutivo. En el aire, un equipo en Cohesión Territorial (consejero y director general) abrasados por una suma de errores y falsedades que han anulado su credibilidad. Hasta sus compañeros de Gabinete reconocen que han perdido la confianza. ¿Qué más hace falta para ejecutar un relevo?¿Hasta donde va a poder aguantar sin mover ficha? Mientras, el desgaste político arrastra sin remedio al departamento y al propio Gobierno.