Diario de Navarra

El fallo con el que el Tribunal Supremo ha inhabilitado al fiscal general del Estado por revelación de secretos conlleva una evidencia que debería prevalecer por encima del ruido generado durante el juicio, agravado ahora por su controvertida falta de unanimidad y argumentos en la resolución. Se trata de una condena, la primera que recibe en España el máximo responsable de una Fiscalía encargada precisamente de la persecución del delito. Aunque no conlleve pena de cárcel y la inhabilitación sea de dos años, la sentencia tiene la carga de profundidad suficiente para marcar un punto de inflexión en la legislatura. Es un castigo para Álvaro García Ortiz, señalado por participar en las maniobras para filtrar datos confidenciales sobre el fraude a Hacienda confesado por el empresario Alberto González Amador, pareja de Isabel Díaz Ayuso. Pero también lo es de alguna manera para Pedro Sánchez por haber fiado su suerte a la del máximo responsable del Ministerio Público al proclamar su “inocencia” con argumentos que certifican hoy una flagrante temeridad. No haber renunciado a su puesto antes de entrar togado ante los siete magistrados de la sala, en la que declaró que “la verdad no se filtra, se defiende”, constituye otro hecho insólito de este proceso, rematado por los votos particulares de dos juezas sobre una condena que no comparten. Será difícil que la falta de unanimidad de un tribunal dividido -cinco a dos- no sea utilizada por los partidos en este clima de crispación política, en el que el Gobierno y la judicatura parecen sostener un pulso por el cerco judicial al entorno de Sánchez. Si ayer el Ejecutivo, a través del ministro de Justicia, optó por “no compartir” el fallo, sorprendió la dureza de sus socios de investidura -PNV y Bildu denunciaron motivaciones políticas en el Supremo, mientras que ERC y Podemos acusaron de “golpismo” a los jueces-. Tampoco ayuda a evitar la confusión que se haya difundido la sentencia sin el contenido argumental por el hecho de que la ponente original sea una de las voces discrepantes, presumiblemente partidaria de la absolución. Habrá que esperar para conocer si se ha condenado a García Ortiz con pruebas o indicios, y quién es el filtrador inicial de haber quedado acreditado. Y, sobre todo, el peso que ha podido tener en la sentencia la nota informativa preparada por el fiscal general para contestar al bulo urdido por Miguel Ángel Rodríguez, asesor de Ayuso, sobre un falso pacto ofrecido por la Fiscalía al empresario. O el reconocimiento de que García Ortiz eliminó los mensajes de su móvil y del mail, en un intento de borrar huellas. Está por ver si el caso está cerrado, aunque el varapalo afecta al presidente del Gobierno, que hasta ahora resiste a la corrupción, los escándalos judiciales de sus cargos de confianza y la pérdida de aliados parlamentarios. Sánchez, a quien el PP exige la dimisión, ha arriesgado en este juicio, escenario de un duelo con la presidenta de Madrid que parece haber arrastrado a García Ortiz al final de su carrera. Obligado a dimitir, forzado el Ejecutivo a buscarle sustituto.

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Condena al fiscal, castigo a Sánchez

"El fallo que inhabilita a García-Ortiz por revelación de secretos es también un varapalo al presidente tras proclamar la “inocencia” del responsable de la Fiscalía"

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