Éramos pocos, y llegó el Tribunal Supremo con la condena al Fiscal General del Estado. Campana sobre campana... Dos años de inhabilitación por revelación de secretos y multa, e indemnización de 10.000 euros al novio de Isabel Díaz Ayuso. Casi nada. El Gobierno dice que respeta la decisión, pero que no la comparte. No es difícil imaginarlo. Basta ver la defensa numantina que han venido realizando de la inocencia de Álvaro García Ortiz, con el presidente Pedro Sánchez a la cabeza, durante todo el proceso. Si ya es jodido que te persiga la hemeroteca, a aceite de ricino le debe saber a Sánchez tragarse la frase que quedó grabada y ahora le persigue con recochineo. La pronunció hace casi un año a cuenta de un informe de la Guardia Civil, con rostro serio y un poco amenazante, en una comparecencia ante los medios: “La pregunta es, ¿quién va a pedir disculpas? ¿quién va a pedir perdón al Fiscal General del Estado?”.

 Pues la realidad ha dado la vuelta como un calcetín, presidente. Igual que cuando defendían desde Ferraz y Moncloa a capa y espada la honorabilidad de Santos Cerdán. Y luego llegó el informe de la UCO de la Guardia Civil a ponerlo todo patas arriba, y salió Sánchez cariacontecido a pedir perdón por haber confiado en él. Póngale usted la guinda de Ábalos, otro secretario de organización elegido por Sánchez, y tiene el pastel al completo. 

Veremos en qué termina por sustanciarse todo, que hay que dejar trabajar a la justicia. Esto también lo dice el presidente, pero con otro tonito. Más del estilo, a mí que no me salpique. Pero qué quieren que les diga. A Pedro Sánchez no le veo yo muy buen ojo eligiendo a sus más estrechos colaboradores. O no sabe o no se entera. Y la verdad, no sé cuál de las dos cosas es peor si te sientas en Moncloa y eres el entrenador del equipo que tiene que llevar los designios del país. Esto huele cada vez peor. Y no es un bulo.