El juicio al fiscal general del Estado, que este miércoles declaró por presunta revelación de secretos en un proceso sin precedentes, dejará un reguero de pasajes poco alentadores para la democracia, incentivados por una pugna entre testigos, acusaciones populares, fiscales y el propio investigado capaz de emborronar la búsqueda de la verdad. 

Álvaro García Ortiz, esta vez sí, se sentó en el banquillo sin la toga para reiterar su “inocencia” y desmarcarse de la filtración de la declaración del empresario Alberto González Amador, novio de Isabel Díaz Ayuso, en la que éste confesaba dos fraudes a Hacienda a cambio de evitar una condena a prisión. 

En vez de perseguir el delito, la imagen que pasará a la historia en en el Supremo fue la de García Ortiz intentando defenderse de ello y lo hizo con recursos aparentemente impropios para quien el máximo responsable del Ministerio Público por su negativa a renunciar al cargo. Para rechazar cualquier responsabilidad en el soplo, su equipo liderado por la Abogacía del Estado cuestionó el trabajo de la UCO, la unidad de élite de la Guardia Civil sobre la que Fiscalía deposita toda su confianza en el esclarecimiento de otros casos de gravedad. 

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Y en una estrategia de defensa con la que dirigió ante los siete magistrados del tribunal su propia comparecencia, esquivó a las acusaciones y al letrado de González Amador, una argucia legal para sortear algo tan delicado como responder al borrado de todos los whatsapps de su teléfono móvil y mails de su correo electrónico. Cautelas que lleva a los agentes a sospechar de una maniobra para eliminar pruebas, en coincidencia con la apertura de la causa. 

Como colofón a la declaración de un fiscal general que asumió su propia defensa, recalcó que “la verdad no se filtra, la verdad se defiende”. El hecho de que haya contado con el declarado apoyo del presidente del Gobierno añade anomalía a un juicio que ha repetido esquemas de la polarización política, con riesgo de salpicar al más que necesario ejercicio del periodismo. La verdad, sin pruebas fehacientes o bajo secreto profesional, puede quedar sentenciada como víctima.