El problema de acceso a la vivienda es una cuestión estructural que constituye uno de los retos sociales más acuciantes, tanto en cuanto su afección alcanza a amplias capas de la sociedad, con un especial incidencia en los jóvenes. Futuras generaciones para las que la realidad agiganta su impacto con un relato tan negativo como difícil de revertir. En un diagnóstico cada vez más compartido, y sustentado en el aval de los datos disponibles, tal y como se recoge en el amplio y detallado suplemento que hoy ofrece este periódico, la oferta, sobre todo de vivienda asequible, sigue bajando y el mercado está cada vez más tensionado, mientras que la demanda se mantiene. Una ecuación que da como lógico resultado que los precios no dejen de subir hasta llevar a un récord de inaccesibilidad a la vivienda. El desafío supera a las administraciones de todo signo, tanto en ámbitos municipales como autonómicos y generales. Y los ciudadanos exigen celeridad para dar respuesta a un problema cada vez más acuciante en el tiempo, y que se topa con el ritmo exasperantemente lento que afronta la administración en algunos aspectos cruciales. 

¿ERES SUSCRIPTOR? AQUÍ TIENES MÁS INFORMACIÓN SOBRE ESTE TEMA

Amplía la información sobre OPINIÓN en la edición e-paper de Diario de Navarra, disponible a diario para suscriptores de papel y PDF

Leer ahora

Suyas son las herramientas clave. Basten como ejemplo, y no menor, los grandes planeamientos urbanísticos que se proyectaron en la primera década de este siglo en Pamplona y Comarca, con la finalidad de garantizar la política de vivienda a medio y largo plazo, y que siguen en tramitación y sin fecha clara para su aprobación definitiva. De poco sirven los anuncios a bombo y platillo de la construcción de miles de viviendas, si luego ni se aceleran los plazos ni se concretan en nada. Porque la demanda sigue creciendo y la oferta, no. A la necesaria agilización de trámites y simplificación burocrática para impulsar la construcción, como recomiendan los expertos, habría que añadir la necesidad de recuperar la seguridad jurídica de los arrendadores en casos de impago de los inquilinos para así incentivar el incremento de la oferta del alquiler. El Gobierno foral tiene mucha tarea por delante, a la espera de analizar también cuál es el impacto de las medidas que puestas en marcha.