El Gobierno de España, bajo el liderazgo de Pedro Sánchez, acaba de aprobar una reforma importante del sistema universitario mediante el Real Decreto 905/2025. Según sus defensores, el objetivo es mejorar la calidad de las universidades españolas y, sobre todo, evitar que las universidades privadas ofrezcan programas de baja calidad.

Sin embargo, si atendemos a los detalles de esta reforma, se hace evidente que descansa sobre una idea poco realista de la educación superior y de las condiciones legales e institucionales que pueden fortalecerla. La filosofía que la inspira, si tomamos por sinceras las palabras de sus promotores, revela una confianza desmedida en la capacidad de una autoridad central para diseñar desde arriba un sistema educativo, y una desconfianza igualmente desproporcionada en la capacidad del propio mercado educativo para responder a las necesidades pedagógicas y profesionales de la sociedad.

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La reforma establece, entre otras cosas, que toda nueva universidad deberá alcanzar un mínimo de 4.500 estudiantes en los seis años posteriores a su creación. 

Pero, si una universidad desea funcionar con un número menor de alumnos, ¿qué perjuicio supone eso para la calidad de la educación superior? ¿Por qué habría de ser tarea del Estado fijar la tasa óptima de crecimiento de un centro universitario, y no de sus promotores, su profesorado y sus estudiantes? Es más, el umbral de 4.500 estudiantes excluiría o penalizaría, paradójicamente, a muchas de las instituciones pequeñas más prestigiosas del mundo, entre ellas Caltech y Amherst College, en Estados Unidos, y la École Normale Supérieure de París.

Otro requisito llamativo es que las nuevas universidades deberán ofrecer titulaciones en al menos tres de las cinco ramas del conocimiento: Artes y Humanidades, Ciencias, Ciencias de la Salud, Ciencias Sociales y Jurídicas, e Ingeniería y Arquitectura. ¿Y si una universidad quisiera especializarse en Artes y Humanidades y en Ciencias Sociales y Jurídicas? ¿Qué daño causaría su existencia al ecosistema universitario español? Si un estudiante prefiere una universidad con facultades de ingeniería o ciencias, siempre podrá elegir otra oferta pública o privada. Pero el Estado español ha decidido, en su sabiduría, que una universidad especializada no debería existir.

Uno de los requisitos más cuestionables es la obligación de que las universidades nuevas ofrezcan alojamiento al menos al 10 % de su alumnado. Es razonable preguntarse: ¿qué relación tiene la oferta de alojamiento con la misión esencial de la universidad? ¿Por qué una institución educativa debería estar obligada a proporcionar vivienda a sus estudiantes? ¿Por qué estos no podrían recurrir al mercado inmobiliario por su cuenta? Este requisito parece una traba más que complica innecesariamente la creación de nuevas universidades sin aportar nada tangible a la calidad académica.

También se exige que las universidades inviertan al menos el 5 % de su presupuesto en investigación. Aunque fomentar la investigación sea deseable, ¿por qué debe el Estado fijar un porcentaje mínimo con independencia de la situación y trayectoria de cada institución? Es razonable suponer que algunas universidades pequeñas o jóvenes prefieran concentrar sus limitados recursos en la docencia, mientras que otras, más consolidadas, opten por destinar una parte mayor a la investigación. Imponer un modelo presupuestario uniforme equivale a anticipar arbitrariamente los juicios prudenciales de los propios gestores universitarios.

El efecto real de esta reforma será incentivar a las nuevas universidades a ofrecer grados mediocres en disciplinas ajenas a sus fortalezas, con tal de cumplir el requisito de cubrir tres grandes áreas del conocimiento. Asimismo, dificultará el emprendimiento y la innovación en el ámbito de la educación superior mediante trabas innecesarias, como la obligación de ofrecer alojamiento o de alcanzar un mínimo de 4.500 alumnos. Tal vez no sea casualidad que estas exigencias acaben perjudicando al sector privado y protegiendo la posición privilegiada de las universidades públicas, que ya disfrutan de una financiación estatal muy superior a la de sus competidores privados.

En el fondo, esta reforma del sistema universitario refleja una visión monista y tecnocrática de la educación superior, según la cual la excelencia en el sector educativo depende más de la planificación central que de la diversificación, la experimentación y la creatividad que florecen en un mercado educativo abierto. La gran ironía del Real Decreto 905/2025 es que, lejos de promover la excelencia docente e investigadora, impondrá un modelo homogeneizador de universidad que asfixiará el emprendimiento privado y fomentará la mediocridad.

David Thunder. Investigador de filosofía política. Vive y trabaja en Pamplona.