El lunes 15 de septiembre, el vicepresidente Félix Taberna anunciaba que a lo largo de ese día se conocerían los informes de la Oficina Anticorrupción relativos a las, entre otras, adjudicaciones de Belate y NASUVINSA a la UTE Acciona-Servinabar. Taberna marcaba el camino y decretaba que las infracciones detectadas por la Oficina Anticorrupción no pasaban de ser “irregularidades administrativas”, como si fuera un tema menor; como si la regularidad administrativa no estuviera diseñada para evitar la corrupción. Pues “irregularidad administrativa” es la frase que todos los integrantes del gobierno progresista, presidenta incluida, están repitiendo como loros para banalizar los informes. Tú te encuentras a un consejero en el ascensor, le dices “buenos días”, y te dice que eso es una “irregularidad administrativa”.

Ni el informe de la Cámara de Comptos, ni los de la Oficina de Buenas Prácticas, ni el de la auditoria externa encargada por la presidenta Chivite (20.000 €), utilizan el término “irregularidades administrativas”.

La Cámara de Comptos, con respecto a la adjudicación de los túneles de Belate, habla de que los criterios cualitativos de adjudicación no han garantizado “el principio de igualdad de trato y transparencia, dado que un insuficiente detalle de los mismos puede perjudicar el derecho de los licitadores a disponer de la información necesaria para interpretarlos de la misma forma”. También dice que “cuatro miembros de la Mesa de Contratación remitieron sus puntuaciones al presidente y éste determinó la suya teniendo conocimiento de las asignadas por los demás, algo que no garantiza la imparcialidad de las puntuaciones y, por lo tanto, los principios de igualdad de trato y transparencia”. Y añade que “entre la fecha de fiscalización por la intervención delegada y la fecha de adjudicación por el órgano de contratación, hemos observado que se han llevado a cabo actuaciones posteriores a la Mesa de Contratación que por su relevancia y trascendencia debieran haber formado parte, de conformidad con el principio de transparencia, del expediente remitido a esta Cámara”. (se le ocultó esa documentación a la Cámara de Comptos).

También relativo a la adjudicación de Belate, el informe de la Oficina Anticorrupción afianza lo dicho por la Cámara de Comptos y añade que el hecho de que cuatro miembros de la Mesa de Contratación remitieran sus puntuaciones al presidente y éste determinara su puntuación teniendo conocimiento de las asignadas por los demás, “constituye una infracción de las normas de formación de la voluntad de los órganos colegiados y cuando dicha infracción es de carácter esencial… supone la nulidad de pleno derecho de los acuerdos de la mesa de contratación y, por tanto, de la propuesta de adjudicación”.

Con respecto a las dos adjudicaciones de NASUVINSA a la UTE Acciona-Servinabar, la Oficina Anticorrupción concluye que “el expediente del contrato de Obras de construcción de 62 Viviendas de Protección Oficial a promover sobre la parcela BF-2.3 de Ripagaina en Valle de Egüés con destino a arrendamiento, excede de meras irregularidades administrativas”. Y con respecto al contrato de obras de construcción de 46 viviendas protegidas en régimen de alquiler sobre la parcela BF1 de Ripagaina (Pamplona), la Oficina concluye que “la falta de actuaciones preparatorias y, principalmente, de acto administrativo del órgano de contratación de NASUVINSA aprobando el expediente de contratación, son causa suficiente de nulidad del procedimiento, por la sencilla razón que no hubo acto de aprobación de tal procedimiento”. También debieron ser “irregularidades administrativas” que la presidenta Chivite se reuniera en 2021 dos veces con Antxon Alonso, dueño de Servinabar, para hablar del proyecto Mina Muga; que en febrero de 2022 el vicepresidente Taberna (cada vez más metido en todos los ajos) se reuniera con el CEO de Geoalcali, Ignacio Salazar, Ramón Alzórriz y Antxon Alonso; y que en 2023, el consejero José María Aierdi también se reuniera en dos ocasiones con Antxon Alonso para “hacer seguimiento del desarrollo del proyecto Mina Muga” a pesar de que, según Geoalcali, ellos no solicitaron esas citas con el Gobierno foral ni enviaban a Antxon Alonso como representante porque ya no tenían relación desde 2020. E “irregularidad administrativa” sin parangón es que Ramón Alzórriz, entonces portavoz del PSN en el Parlamento de Navarra, acudiera con Antxon Alonso, a la sazón administrador de Servinabar, empresa en la que trabajaba su pareja, a una reunión con el vicepresidente Taberna para tratar el proyecto de una empresa privada, Geoalcali.

Para nota lo que dijo en el mes de junio la ministra de Hacienda socialista, Mª Jesús Montero: “Se pueden obtener mordidas sin que eso haya implicado una irregularidad en el proceso de adjudicación”. ¿Haciendo pliegos ad hoc, por ejemplo? Repita usted conmigo: “irregularidades administrativas”. Si lo dice al menos una vez al día, entrará a formar parte del selecto club de irregulares progresistas. Urralburu también lo negó todo.

Chon Latienda es comentarista política.