Los ciudadanos de Navarra asistimos perplejos a la reacción que han tenido la presidenta del Gobierno de Navarra y sus consejeros de Cohesión Territorial y de Desarrollo Rural y Medio Ambiente, a los informes sobre las adjudicaciones del túnel de Belate y de viviendas de protección oficial que han elaborado la Oficina Anticorrupción y una empresa auditora. Según dicen estos tres miembros del gobierno, solo se trata de irregularidades o defectos administrativos sin importancia.

¿ERES SUSCRIPTOR? AQUÍ TIENES MÁS INFORMACIÓN SOBRE ESTE TEMA

Amplía la información sobre OPINIÓN en la edición e-paper de Diario de Navarra, disponible a diario para suscriptores de papel y PDF

Leer ahora

Resulta que Nasuvinsa, que es una empresa pública del Gobierno de Navarra, adjudicó la construcción de un edificio de viviendas para alquiler social a una UTE que está bajo sospecha. La empresa auditora encargada por el Gobierno de Navarra para analizar esa adjudicación se ha encontrado con que no hay actas de la mesa de contratación, que no se sabe quién la presidió y tampoco se ha encontrado el informe o informes que justifiquen la decisión adoptada. Como cualquier empresario, director financiero, contable o estudiante de contabilidad sabe, el peor resultado de una auditoría es el que informa de que esa auditoría no es posible, porque no existe la documentación que respalde las decisiones que se adoptaron. Ese es el resultado de una auditoría de una empresa pública y se despacha diciendo que son irregularidades administrativas. Tenga la obligación o no de cumplir la ley de contratos, en una entidad pública las decisiones y los pagos se tienen que justificar y documentar, y se debe conocer quién es el responsable de la toma de decisiones. No justificar y documentar las decisiones en una entidad pública es algo de suma gravedad. Da igual que el consejero “comparta” o “no comparta” las conclusiones del informe. Los documentos, los informes, los justificantes, están o no están, y la auditora dice que no están. La falta de esos documentos es motivo suficiente para exigir responsabilidades.

La documentación disponible sobre las obras del túnel de Belate sí que contiene actas, informes, correos electrónicos, reparo de la intervención delegada y voto particular de vocales y secretario de la mesa. Sin embargo, ni el reparo no suspensivo, ni los votos particulares, han impedido la adjudicación de la obra, aunque eso sí, después de dos meses de demora y de que se solicitara un documento al Ministerio de Transportes para completar un expediente defectuoso. Nunca se había visto tanta oficiosidad en un departamento del Gobierno de Navarra.

La Oficina Anticorrupción ha informado que la adjudicación es nula de pleno derecho y a pesar de semejante conclusión se sigue afirmando que es la “más transparente” de todas. Es transparente, porque todos nos hemos podido enterar de que se ha encargado la obra a una UTE sospechosa de corrupción, contra la opinión de los letrados de la mesa de contratación y del interventor delegado, y a pesar de que el informe técnico que motivó la adjudicación del concurso se elaboró por el presidente de la mesa después de conocer los del resto de los técnicos y de que ese informe inclinara la decisión hacia la UTE beneficiaria del contrato. Puede que se trate solo de “irregularidades administrativas”, pero esas irregularidades, que con tanta tranquilidad se despachan, son de tal calibre que han conducido a que se haya adjudicado una obra a quien de no existir esas anomalías no hubiera ganado la licitación. El resultado es que la obra no la está ejecutando la empresa o UTE que ha presentado la oferta más ventajosa, sino la que se ha visto beneficiada de esas “irregularidades” y de la oficiosidad del departamento de Cohesión Territorial para perfeccionar una documentación incompleta.

El Gobierno de Navarra se enfrenta a una situación que no recordábamos desde los años 90. Si la empresa sospechosa de participar en prácticas “irregulares” ha tenido en nómina a la pareja del portavoz del grupo socialista en el Parlamento de Navarra, si esa misma empresa también ha tenido en nómina a la hermana del Secretario de Organización del PSOE, si se sospecha que ese Secretario de Organización es copropietario de esa empresa, y además la legalidad de estos dos contratos es más que cuestionable, la huida hacia adelante que parece haber iniciado la Presidenta no parece la mejor decisión política.

Lo que desde luego no es una buena idea es sacar pecho y encargar informes de auditoría para luego intentar desacreditarlos negando la evidencia. Se han pedido informes y se han elaborado esos informes, pues se asumen las consecuencias, se colabora con la justicia y se toman decisiones anteponiendo el interés general al personal o de partido. Eso es lo que los ciudadanos y los contribuyentes nos merecemos.

Javier Carnicero Giménez de Azcárate. Exdirector gerente del Servicio Navarro de Salud-Osasunbidea, entonces Servicio Regional de Salud