La violencia machista, la más atroz de las expresiones de la desigualdad, mató en 2024 a 48 mujeres en España. La cifra de asesinadas suma ya 28, a fecha de este jueves, en lo que va de 2025. La evidencia del desgarro no debe impedir valorar los avances que, aún con mucha tarea por delante, ha logrado el Estado de derecho para insistir en que nunca podrá ser tolerable ni asumible segar la vida de una mujer, y para proteger a tantas maltratadas -y a sus hijos- pendientes de un hilo. Pero la persistencia de una lacra tan lacerante que atenta contra los valores más esenciales obliga a no bajar la guardia. A identificar con precisión las demandas de una amenaza cambiante y las lagunas del sistema. A dedicar recursos eficaces. Y también a la máxima transparencia cuando se detecten insuficiencias. 

Nada de ello parece haber operado en el agujero técnico que dejó sin acceso al historial y conducta previo al 20 de marzo de 2024 de maltratadores con órdenes de alejamiento controladas por pulseras telemáticas, el mecanismo que están forzados a portarlas 4.500 hombres. El vacío se produjo al cambiar de proveedor y tener que migrar la información. Y se ha destapado porque la memoria anual de la Fiscalía ha dejado escrito que esa fallida mudanza -ya solventada- provocó “una gran cantidad” de sobreseimientos y absoluciones de agresores. De poco sirve que la propia Fiscalía -en un pronunciamiento incomprensible- haya rebajado lo denunciado por ella misma a “problemas puntuales” y la ministra de Igualdad, Ana Redondo, se afane en negar que las víctimas hayan estado desprotegidas, cuando es notorio que el preocupante resquicio se ha cubierto bajo un manto de silencio y oscurantismo que va más allá de la imprescindible confidencialidad en un servicio público tan sensible. Pero lo que resulta particularmente hiriente es que Redondo culpe a los fiscales por alarmistas y se escude en que lo ocurrido solo ha repercutido en el 1% de los dispositivos, como si eso no implicara ya un riesgo. La ministra y su antecesora, Irene Montero están obligadas a ofrecer explicaciones.