Es la segunda vez que los llamados partidos progresistas son víctimas de su propio postureo. Y me explico. El 10 de mayo de 2018, a instancias de Manu Ayerdi y Geroa Bai, el Parlamento de Navarra aprobaba la modificación de la Ley Foral 14/2004 introduciendo el artículo 68, “investigados por delitos de corrupción”, que decía que “en el momento en que un cargo público electo o sujeto a nombramiento de libre designación conozca, de forma fehaciente, que un juzgado o tribunal competente ha adoptado un auto estableciendo su situación procesal de investigado o figura legal equivalente por la presunta comisión de los delitos contemplados en los artículos 404 a 444 o 472 a 509 del Código Penal actualmente vigente, entenderá que su permanencia en el cargo es incompatible con la confianza que se debe trasladar a la ciudadanía sobre la vigencia de los principios éticos y con la obligación de preservar el prestigio de las instituciones”.

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En enero de 2021, el Tribunal Supremo abría causa penal a Manu Ayerdi por la concesión de 2,6 millones de euros a la empresa Davalor sin respetar los procedimientos. El consejero Ayerdi, impulsor de ese artículo 68, se veía obligado a presentar su dimisión. ¡Zaska! Después de esa dimisión, el bloque progresista se apresuró a reformar ese artículo 68 que hasta entonces recogía la figura de “investigado” como obligada a dimitir, determinando que sólo se verá obligado a dimitir cuando se abra juicio oral.

El mismo 10 de mayo de 2018, con los votos de Geroa Bai, Bildu, Podemos, PSN e IU, se aprobaba la Ley Foral de creación de la Oficina de Buenas Prácticas y Anticorrupción. El debate parlamentario fue una fiesta: “Ley modélica, pionera, moderna e innovadora”; “proyecto ambicioso”; “ley trabajada que ha venido cohesionada con todo un conjunto de normas jurídicas”; “ley que permitirá avanzar en lo relativo a la ética y la transparencia en la acción del Gobierno, la rendición de cuentas, la regulación de los conflictos de intereses…”. En resumen, la madre de todas las leyes.

El 26 de mayo de 2022, el Parlamento de Navarra, con los votos a favor de PSN, Geroa Bai, Bildu y Podemos, elegía a Edurne Eginoa Antxo como directora de la Oficina de Buenas Prácticas y Anticorrupción. Desde mayo de 2023, dicha Oficina ha resuelto varias denuncias: las más sonadas han sido la sanción al consejero Chivite por el incumplimiento de la Ley de Incompatibilidades y la resolución en favor del secretario de la mesa de contratación de los túneles de Belate que fue objeto de un acto de represalia por parte del Departamento de Cohesión Territorial. Falta grave y muy grave, respectivamente, que no han conllevado ninguna sanción económica.

El pasado 12 de junio, tras conocerse el informe de la UCO relativo a la implicación de Cerdán en el cobro de comisiones por obras públicas, la presidenta Chivite anunciaba que se iba a encargar a la Oficina de Buenas Prácticas, a la Cámara de Comptos, y también una auditoria externa, sendos análisis de los contratos con las empresas Acciona y Servinabar. La Oficina de Buenas Prácticas ha analizado cuatro de esos contratos y ha emitido unos demoledores informes que detallan, tres de ellos, un cúmulo de escandalosas irregularidades que afectan a adjudicaciones realizadas durante el Gobierno de Barkos y el Gobierno de Chivite. ¡Zaska!

Conocidos esos informes, tocaba salir en tromba para neutralizarlos, así que primero salió el apagafuegos Félix Taberna. No tiene ningún conocimiento jurídico, pero ha limitado las infracciones cometidas a “irregularidades administrativas” como si, aunque sólo se tratara de eso, no fuera lo suficientemente grave como para que los autores de dichas irregularidades asuman responsabilidades. A continuación, aparecieron en rueda de prensa dos exdirectores de Nasuvinsa: Aierdi, diplomado en EGB, y Alberto Bayona, licenciado en Arquitectura, ambos con los conocimientos jurídicos suficientes como para restar importancia al hecho de que hayan desaparecido las actas correspondientes a las adjudicaciones investigadas por la Oficina Anticorrupción.

La siguiente rueda de prensa fue a cargo del maestro industrial electricista Óscar Chivite. Mejor le hubiera ido no salir. No encontró el papel que seguramente le decía lo que tenía que decir y se perdió en bochornosos balbuceos. Al día siguiente salió a la palestra la presidenta Chivite, otra experta jurista a la que no se le conoce otro trabajo que el de haber ocupado escaño. Se limitó a repetir como un loro lo que le había dicho su vicepresidente Taberna: sólo aprecia irregularidades administrativas.

Y faltaba Barkos. Ella ha dado un paso más y ha pasado a cuestionar la imparcialidad de la Oficina de Buenas Prácticas, dirigida por quien fue directora general de Presidencia en el Gobierno que ella presidió. Y esa es la línea a seguir: cuestionar el trabajo de una licenciada en Derecho y especialista en Derecho Civil y decir que nadie conoce al propietario de Servinabar. A Chivite y a Barkos sólo les queda esperar el informe de esa auditoría externa que, previo pago, les diga que todo ha sido legal y transparente y que todo es un invento de la fachosfera.

Chon Latienda Urroz. Comentarista política