Ya me perdonará la presidenta Chivite, pero a mí no me salen las cuentas. Vayamos para atrás, que la película hay que verla desde el comienzo. Un informe de la UCO de la Guardia Civil desvela una presunta trama de corrupción por supuestas mordidas en la adjudicación de obras públicas; la propia Guardia Civil descubre que Santos Cerdán, preboste socialista aquí y en Madrid, sería el propietario del 45% de Servinabar, una de las empresas en el ojo del huracán; Cerdán dimite, y más tarde acaba en prisión provisional donde continúa; el vicesecretario general del PSN y mano derechísima de Chivite, Ramón Alzórriz, dimite de este cargo y como portavoz del PSN porque su pareja trabajó en Servinabar, y dice que no había dicho ni mu a la presidenta. Y en medio de esta tormenta, Chivite encarga una triple auditoria sobre las obras y proyectos que se adjudicaron en Navarra a UTES en las que estaban las empresas investigadas en el caso Cerdán, Acciona y Servinabar. 

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Pues bien. Llega el resultado de manos de la Oficina de Anticorrupción y el varapalo no puede ser más demoledor. En tres de los cuatro expedientes auditados cree que el proceso debió anularse. Y no hablamos de cualquiera. Uno de ellos es el que se refiere al túnel de Belate, que ya venía arrastrando ríos de tinta. Bueno, pues la presidenta se lo ha sacudido de un plumazo. Dice que los informes alertan de irregularidades administrativas, pero que estas no son delito. A otra cosa. 

Yo no sé si son delito o no, para eso están los jueces. Pero lo que no se puede es minimizar la gravedad de los hechos que se relatan como quien estampa una mosca contra el cristal. Si se encarga un informe para ver que todo se hizo correctamente, y éste dice que se hizo tan mal que debió anularse, ¿de verdad que el Gobierno va a pasar página y a otra cosa? Prueben a hacer lo mismo, y verán... No es que no dimita nadie ni haya asunción de responsabilidades. Es que ni siquiera hay una mísera disculpa. Juegan con las cartas marcadas y ganan siempre.