El 'caso Cerdán' vuelve a sacudir los cimientos de la política navarra sin tiempo a que el curso político haya tomado temperatura. Cuando se tuvo conocimiento del informe de la UCO de la Guardia Civil, que otorgaba un papel preeminente a Santos Cerdán en la presunta trama de corrupción, la presidenta Chivite anunció el encargo, entre otros, a la Oficina de Buenas Prácticas y Anticorrupción, de un informe sobre las empresas citadas en el caso y adjudicatarias de obras públicas en Navarra. Se trata de Acciona y Servinabar. Chivite señaló entonces que la auditoría no la hacían porque tuvieran sospechas, sino porque creían que la “ciudadanía debe tener total certeza sobre los mismos”. 

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Pues si ese era el objetivo, con las conclusiones del demoledor informe presentado  por Anticorrupción las certezas que quedan son precisamente las que ayudan a apuntalar todo tipo de sospechas. Las preguntas y las dudas más que razonables sobre presunta corrupción, dado el historial y las investigaciones del caso Cerdán, no hacen más que crecer. Y los argumentos son de peso. Ni más ni menos, la oficina de Anticorrupción de Navarra considera que la adjudicación de Belate que decidió la mesa de contratación debería ser “nula de pleno derecho”, porque se cometieron infracciones a la ley por cómo se adoptaron los acuerdos y el hecho de que el presidente de esta diera su puntuación conociendo previamente la de otros integrantes. Un informe que se suma a lo que ya se conocía anteriormente, y que pone en jaque una de la obras más importantes de Navarra. 

Además, en las dos promociones de vivienda adjudicadas a Acciona-Servinabar detecta Anticorrupción más de una decena de irregularidades que anularían ambos procedimientos. Un despropósito mayúsculo, que mina aún más la confianza en un Gobierno que con la credibilidad bajo mínimos trata de defender su gestión con argumentos y estrategias peregrinas y en el que nadie asume responsabilidad política alguna. Ahora le toca al Gobierno mover ficha y dejar de echar balones fuera.