No hace ni un año que el PSOE celebraba en Sevilla el 41.º Congreso federal de su partido. La presidenta Chivite intervenía expresando su “confianza absoluta” en Santos Cerdán, de quien defendió que “si algo ha demostrado siendo secretario de Organización del PSOE es su trabajo, su lealtad, su querer construir, su querer sacar la legislatura adelante”. Siete meses después, Cerdán fue ingresado en prisión. Y ahí sigue.

Y con Cerdán en la cárcel, el 1 de septiembre Chivite iniciaba el curso político diciendo que “se acabó lo de poner en duda nuestra credibilidad sin pruebas. En este Gobierno no ha habido corrupción ni mordidas y quien diga lo contrario lo tendrá que demostrar. No voy a permitir que ni la reputación de este Gobierno ni la del conjunto de esta Comunidad sigan siendo cuestionadas”. Me pregunto si esas declaraciones las ha hecho con el asesoramiento de Alzórriz, ese que a mediados del mes de junio dimitió como portavoz del grupo parlamentario del PSN y como vicesecretario del partido por la pérdida de confianza de Chivite y que, rápidamente, la ha recuperado siendo nombrado portavoz de la comisión de Interior, Función Pública y Justicia en el Parlamento. ¿Quién mejor?

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Chivite dice que “no voy a permitir…”. ¿Que no va a permitir qué? Lo que me faltaba por oír. Si el Gobierno de Uxue Barkos, vía Sodena, concedió 2,6 millones de euros a una insolvente Davalor en contra de los informes de la propia Sodena, y además adjudicó las obras de acondicionamiento de las oficinas del Navarra Arena, la rehabilitación del Archivo General de Navarra, y la construcción de 62 VPO a una empresa (Servinabar) dedicada a la destrucción de documentos, lectura de contadores y organización de todo tipo de eventos, tendré derecho a cuestionar el proceder de los socios del Gobierno de Chivite.

Si la UCO encontró un documento que revelaba que Cerdán compró en 2016 el 45% de Servinabar y el Gobierno de Chivite le ha adjudicado a esa empresa la construcción de 46 VPO y las obras del túnel de Belate, tendré derecho a cuestionar esas adjudicaciones teniendo en cuenta el peso específico de Cerdán en el Gobierno de Chivite.

Si tres letrados de la mesa de contratación de las obras del túnel de Belate, y la Cámara de Comptos, han cuestionado el procedimiento de adjudicación por la falta de garantías en el “cumplimiento de los principios de transparencia e igualdad de trato” con respecto a las ofertas presentadas, tendré derecho a cuestionar esa adjudicación. 

Si el presidente de la mesa de contratación del túnel de Belate, determinante con su puntuación en la elección del adjudicatario de las obras, vio excepcionada su continuidad como funcionario tres años más (70 a 73) de los ya cinco excepcionados que permite la ley (65 a 70), tendré derecho a cuestionar el interés del Gobierno de Chivite en excepcionarlo.

Si el propietario de Servinabar ha sido recibido hasta en diez ocasiones por la presidenta Chivite (4), por el consejero de Desarrollo Rural (4), y por el vicepresidente Taberna (2), tendré derecho a cuestionar cuál es el valor añadido de un pequeño empresario que ha facturado más por comisiones de obras que por obras realizadas en Navarra.

Si Servinabar pagó en 2019 el alquiler del piso de Cerdán en Madrid y en Servinabar han trabajado la hermana de Cerdán, el cuñado de Cerdán y la pareja de ese que ponía la mano en el fuego por Cerdán, Alzórriz, tendré derecho a cuestionar la negativa de Cerdán de estar en posesión del 45 % de las acciones de Servinabar.

Si Chivite dice que la Intervención General (encargada del control interno de legalidad en los actos de la Administración) ha comenzado a aplicar unas nuevas guías de fiscalización que “intensifican y protocolizan los controles sobre la utilización de los recursos públicos” y su Gobierno hace caso omiso a los informes discrepantes decretados por Intervención General resolviéndolos mediante resolución de Gobierno, tendré derecho a cuestionar la arbitrariedad de su Gobierno.

Si se disparan el número de reclamaciones al Consejo de la Transparencia y el número de denuncias a la Oficina de Buenas Prácticas y Anticorrupción y ambos organismos carecen de la plantilla adecuada para resolverlas, tengo derecho a cuestionar el interés de este Gobierno para que ambos organismos funcionen.

Si Chivite ha ninguneado los informes de Comptos relativos a la creación de las sociedades públicas Bidean (ambulancias), Nafarbide (peajes) y el Instituto Navarro de Inversiones (Sodena-2) que cuestionan los “principios rectores de economía y eficiencia que deben regir en toda actuación pública”, tengo todo el derecho a cuestionar si Chivite prima la gestión de los recursos públicos o sólo crea empresas públicas para colocar a sumisos militantes socialistas, como es el caso del gerente de Nafarbide, que por 100.000 euros al año gestionará unos 2.600 millones de euros en 30 años, sin ningún control por parte de la ya ninguneada Intervención General.

Y si Chivite asegura que prestarán “plena colaboración” con las comisiones de investigación del Parlamento navarro y el Senado mientras el partido que ella dirige veta su comparecencia en el Parlamento, evitando así tener que responder a todo lo anterior, tengo derecho a cuestionarla a ella y a su mentor, Cerdán, que son quienes están erosionando la reputación de su propio Gobierno y la reputación de Navarra.

¿Qué decía Chivite que no iba a permitir?

Chon Latienda Urroz es comentarista política.