Las últimas semanas han vuelto a poner de manifiesto que los dos principales partidos de nuestro país, PSOE y PP, están lejos de rebajar la tensión de una legislatura cuya virulencia atosigante desalienta a la ciudadanía. El último ejemplo se ha vivido a costa de los terribles incendios que han asolado buena parte de nuestro país, dejando ingentes daños, dolor y desolación, y que socialistas y populares han aprovechado para redoblar su pugna electoral. Toda una declaración de intenciones, por si alguien albergaba alguna duda, de lo que irremediablemente nos espera con el arranque del nuevo curso político. Pero las apreturas que tendrá que afrontar el Gobierno de Pedro Sánchez no vendrán solo de la oposición.  

En su empeño por despejar toda imagen que refleje la precariedad que afronta su Ejecutivo, el líder socialista subió la apuesta antes de sus vacaciones veraniegas, anunciando que presentará un proyecto de ley de presupuestos para 2026, y negociará para que sean aprobados. Sánchez volvió a hacer de la necesidad virtud con un compromiso que está por ver si termina por cumplir. Porque sus socios saben de su debilidad, y están dispuestos a seguir apretando para conseguir sus réditos. Especialmente, los independentistas catalanes y EH Bildu. 

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El encuentro que mantuvieron esta pasada semana Otegi y Junqueras (ERC) seguramente pretendía situar en lugar preferente las reclamaciones de sus formaciones de cara a la negociación de los Presupuestos Generales del Estado. El planteamiento de “más construcción nacional” en Euskadi y Cataluña es una evidencia más de su deseo por seguir avanzando en sus reivindicaciones secesionistas, una vez que Sánchez, con sus claudicaciones, los ha convertido en socios preferentes. Y Otegi, líder de los abertzales, ya ha dejado claro que piensa seguir apoyando a Sánchez. La continuidad del Ejecutivo afronta más riesgo por el avance del caso Cerdán, los líos judiciales que acechan a la mujer del presidente o el maximalismo de los posconvergentes y Podemos.