En el lenguaje acuñado no hace mucho tiempo en las informaciones y en artículos de opinión publicados en los medios de comunicación y en las redes sociales, se utilizan las expresiones “política” y “políticos”, en las que se engloba a todos aquellos que desempeñan un cargo público. A la hora de censurar una acción de gobierno se habla del fracaso de los políticos. Pero no se tiene en cuenta que la responsabilidad recae sobre quienes ejercen la función de gobierno. La oposición cumple su función de controlar la acción del gobierno. Se dice que los políticos se enzarzan en discusiones inútiles. La consecuencia es que los ciudadanos se apartan cada vez más del interés general y crece el descrédito de la política. 

Recientemente, mi buen amigo Francisco Errasti, ha publicado un artículo titulado La política y el interés general, que comparto en sus líneas generales. Sin embargo, opino que una de sus reflexiones merece una matización. Errasti recuerda, con razón, que Navarra tiene una Sanidad “razonablemente buena y con un personal sanitario -sobre todo médico y de enfermería- muy bien formado”. Pero la política una vez más enreda casi todo lo que toca, dada la insatisfacción que merodea entre el personal desde hace un tiempo”.

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Pues bien, si Navarra en otras épocas consiguió un sistema sanitario modélico, es porque otros políticos tomaron las decisiones adecuadas. Sin ellos nada hubiera sido posible. De modo que no cabe echar la culpa de lo que ocurre hoy a los políticos, sino a los gobernantes. Sus sucesores, hoy en la oposición, son los primeros en denunciar la incapacidad del actual Gobierno para gestionar la crisis sanitaria. En suma, cuando censuremos las medidas gubernamentales no metamos en el mismo saco a los gobernantes y a la oposición con nombre genérico de políticos. La primera responsable tiene nombre y apellidos. Se trata de la presidenta del Gobierno, María Chivite y, en segundo lugar, al consejero de Sanidad, Fernando Domínguez Cunchillos.

La política es una de las actividades más nobles del ser humano siempre que esté orientada a procurar lo que en otro tiempo se llamaba “bien común” y ahora se denomina “interés general”. También puede ser una de las más viles, sobre todo cuando está en juego la conquista del poder y se utilizan procedimientos arteros y cainitas, que estamos hartos de contemplar. No es que los políticos sean diferentes al resto de la sociedad, pues en cualquier otra actividad se producen comportamientos parecidos. Ocurre que la política es pública y, por esa causa, las virtudes y los vicios resaltan más. En España hay muchas personas dedicadas al servicio público. Muchos piensan hoy que su única motivación es la de enriquecerse. Y esto es manifiestamente injusto. No se puede descalificar “a priori” a todo aquel que en un momento de su vida tomó la decisión de dar un paso al frente para lanzarse al ruedo de la política. Lo malo es que la corrupción afecte directamente al propio presidente Sánchez, que se aferra al poder gracias a socios despiadados que sólo piensan en derribar lo que llaman “el régimen del 78”, que es tanto como aniquilar la democracia y la libertad. También en Navarra la corrupción ha sitiado a la propia presidenta Chivite.

La corrupción es todo enriquecimiento injustificado e ilícito, fruto del saqueo del erario público o del ejercicio lucrativo del poder que no puede quedar impune. El corrupto traiciona la confianza depositada en él por su propio partido y por los ciudadanos y, por ese motivo, la justicia y la sociedad entera deben dar guerra sin cuartel a la corrupción. Bien entendido que el hecho de que haya manzanas podridas no debe conducir a descalificar al conjunto de hombres y mujeres que trabajan honradamente, con dedicación y esfuerzo, para tratar de mejorar las condiciones de vida de sus compatriotas. Hay que presumir, salvo prueba en contrario, que quienes tienen el valor de convertirse en “políticos” de formaciones de cualquier ideología democrática, lo hacen por idealismo y vocación de servicio y no por su propio beneficio personal. Pero para probar que esto es así hacen falta nuevos y mejores instrumentos de vigilancia sobre la evolución patrimonial de quienes desempeñan cargos políticos o tienen altas responsabilidades. Sin olvidar a los corruptores disfrazados d “amigos” que anidan en los aledaños del poder.

La honradez y la entrega al interés general deben ser condición necesaria para dedicarse a la política. Ahora bien, ambas cualidades no garantizan por sí solas el acierto en la toma de decisiones. El sistema debería ser capaz de seleccionar a los mejores, pero es difícil que quien disfruta de una vida profesional brillante y bien remunerada esté dispuesto a soportar el pim, pam, pum de una sociedad que por culpa de unos cuantos miserables aborrece a todos sus políticos sin distinción. El sainete trágico-cómico de la falsificación de los currículos, que debiera conducir a la inmediata dimisión de sus autores, obedece al deseo de demostrar que están aptos para desempeñar los puestos que el líder máximo les ha reservado, que quizás también ha falseado su propia formación.

Algo habrá que hacer también para devolver a los parlamentos su verdadera función que es la de aprobar las leyes y controlar al ejecutivo sin interferencias de los gobiernos, habida cuenta de que representan al pueblo. No puede ser que el poder ejecutivo controle al legislativo, cuando debe ser al revés. Es triste realidad que, en las democracias parlamentarias, el jefe del gobierno –sustentado en la mayoría– tiene un poder inmenso. De ahí la sabia advertencia de Lord Acton: “El poder tiende a corromperse. Pero el poder absoluto se corrompe absolutamente”.

Jaime Ignacio del Burgo. Doctor en Derecho