El paréntesis político de agosto llega a su fin. El Gobierno foral cerró el curso enfangado en la más aguda de las crisis de presunta corrupción política desde hace treinta años. Desde los casos de Urralburu y Aragón. Recordemos. Un demoledor informe de la UCO de la Guardia Civil con indicios sobre amaños en obras públicas y posibles mordidas hizo que el juez del Supremo enviara a la cárcel a Santos Cerdán hace ahora dos meses.

Un auténtico terremoto en el PSN, porque Cerdán ha sido todos estos años el verdadero hombre fuerte del partido desde su posición en Madrid como secretario de organización del PSOE nacional. El hombre que tiene todas las claves sobre la estrategia del PSN, el que urdió los pactos con EH Bildu para que Pedro Sánchez llegar a La Moncloa y María Chivite a la presidencia del Gobierno de Navarra. Ha pasado de ser la voz que marcaba el paso al partido a una pesadilla que quisieran olvidar. Pero sigue ahí. El seísmo se llevó por delante a Ramón Alzórriz, el hombre de Cerdán en Navarra, que dimitió tras confesar que buscó trabajo a su pareja en Servinabar, la empresa epicentro de la trama en Navarra.

Servinabar, el nudo gordiano. Y es que esta empresa se ha convertido en el nudo gordiano del caso. Una firma pequeña en tamaño y plantilla, pero no en ingresos ni influencia, puesto que se codeaba con las más grandes. Y la única razón que puede explicarlo es su conexión subterránea con Santos Cerdán. El juez da validez al documento por el que el navarro adquiría el 45% de esta empresa de su íntimo amigo Antxon Alonso, a pesar de que Cerdán dice que es algo que no se materializó.

Queda mucho por saber sobre los movimientos económicos de esta empresa que servía para todo. Para empezar, de sus ingresos. La constructora Acciona y sus UTEs representan más del 80% de los ingresos de Servinabar, pero hay otro puñado de empresas que también pagaron al conseguidor, no sólo en Navarra, también en el País Vasco (al menos tres), en la Rioja y hasta en Aragón, lo que indica el territorio por el que se extendía.

Y, por supuesto, queda mucho por saber del destino del dinero. Porque ya sabemos que era una oficina de colocación de Cerdán (de momento han aparecido su hermana y su cuñado) y hasta del pago de sus necesidades (un año del alquiler del ático en el que vivía en Madrid). Pero los datos de Hacienda revelan que Servinabar en todos estos años desvió casi un millón de euros a dos “empresas pantalla” ubicadas en Guipúzcoa (dos micro-cooperativas) en una operación que sólo se explica para dificultar el rastreo de su contabilidad interna. La Guardia Civil es la que está tirando de todos estos hilos y la que tiene la delicada misión de despejar la existencia o no de testaferros y de intentar localizar el dinero al que apuntan los audios y el juez.

Manual de resistencia. Antxon Alonso (Servinabar) se ha paseado en estos años por todos los despachos importantes del Palacio de Navarra con peticiones varias de sus clientes y con el aval de su amigo Cerdán, el que podía abrir todas las puertas. Y además consiguió su parte en la joya de la corona de las obras públicas del Gobierno foral, las del Túnel de Belate, de la mano, una vez más, de Acciona y a pesar de las dudas y sospechas por escrito de un puñado de técnicos leales a su condición de ser garantes de la igualdad de oportunidades.

Bueno, pues ni aún así el Gobierno de María Chivite se da por aludido. Su estrategia por el momento es exprimir el manual de resistencia, al puro estilo de Pedro Sánchez. Tirar balones fuera (las pesquisas no afectan al Gobierno); retrasar las respuestas incómodas (una comisión de investigación, a regañadientes y que no empieza de verdad hasta octubre) y controlar daños (sus socios, con Bildu a la cabeza, le han permitido a Chivite hasta no ser ni citada en esta comisión).

Del desgaste a la cosecha. Y, sin embargo, el caso Cerdán es evidente que ha dinamitado la legislatura y ha colocado a Chivite en el centro de una crisis endémica de credibilidad que cercena su capacidad de acción política. No sólo por lo que ya sabemos, sino porque la vía policial y judicial está sólo en sus inicios. Las noticias y el desarrollo judicial del caso van a seguir marcando la actualidad mucho tiempo. Sacudirse esta realidad es misión imposible. Es verdad que el Ejecutivo lo va a intentar montado en la ola de que la situación económica española es positiva en sus grandes cifras.

Chivite, igual que Sánchez, tiene otra baza a su favor. Sus socios van a darle cobertura política y a taparse los ojos. Ninguno quiere abandonar el poder ni el Palacio de Navarra. Menos que nadie Geroa Bai, cuya legislatura, con Uxue Barkos al frente, también está salpicada por los negocios del dueño de Servinabar. Un hombre cercano al PNV en palabras del propio Cerdán.

Y al lado, un EH Bildu que va a seguir siendo el sostén de Chivite. Por puro interés, por supuesto. De hecho, EH Bildu se frota las manos. Porque ven venir que al desgaste electoral de Geroa Bai se va a sumar el del PSN. Y buscan ser quienes recojan la cosecha en 2027. Este es el panorama en Navarra. Ahora mismo, desolador. Por la corrupción, por la desconfianza ciudadana que genera, por el daño reputacional a la Marca Navarra y por sus consecuencias políticas a medio plazo. Pero nada está escrito en piedra en política. Las fichas también pueden moverse.