El primer Consejo de Ministros tras el verano ha aprobado el mecanismo para avanzar en la distribución de 5.000 extranjeros no acompañados que se hacinan desde hace meses en Canarias y Ceuta con una norma que fija la capacidad de acogida de cada comunidad. A Navarra le correspondería acoger a 118. Hasta la fecha, las fuertes discrepancias expresadas por los partidos y los gobiernos autonómicos, no es el caso de Navarra, han echado por tierra cualquier intento de pactar una acogida racional de adolescentes alejada de los agravios territoriales y de la pugna partidista. Los ratios para establecer los límites del sistema de protección y tutela se antojan esenciales para articular una solución desde el rigor y los esfuerzos hechos hasta la fecha por cada territorio. 

El problema viene dado si se añaden cálculos políticos y electorales a una medida que debería estar basada en criterios solidarios para garantizar los derechos de la infancia migrante en el país, cuarta economía de la UE. Los jóvenes a la espera de un destino digno en la península son la cara más vulnerable de la crisis humanitaria en la ‘frontera sur’. A pesar de las advertencias de los tribunales, con emplazamientos a acelerar el reparto por las precarias condiciones de acogida, y de que Canarias haya solicitado la contingencia migratoria para mitigar el colapso, no se prevé una solución a corto plazo, al menos desde el consenso. 

Lo que no deja de ser trágico cuando hablamos de seres humanos. Y un reflejo más de la incapacidad política para abordar en profundidad el complejo fenómeno de la inmigración en nuestro país. Ni se trata de caer en un exceso de buenismo que niegue los problemas que sí causa una minoría en determinados lugares, y a los que hay dar respuesta desde la ley; ni se trata, por su puesto, de inflamar el debate público con declaraciones, como las recientes del alcalde de UPN de Valtierra, aunque matizadas después, por el riesgo que conllevan y que pueden poner en el disparadero a todo un colectivo sin distingo alguno. Las personas migrantes tienen derechos y, por su puesto, obligaciones, como el resto de ciudadanos. Polarizar la política conlleva el riesgo de polarizar la sociedad, y que un asunto tan delicado se debata desde los extremos y lejos de la mesura y las soluciones pactadas y razonadas que se necesitan.