La excusa que permite circular por las Zonas de Bajas Emisiones (ZBE) a los vehículos más modernos es que los nuevos emiten menos óxidos de nitrógeno. Ponen el foco ahí y no tanto en el CO2 porque interesa, pero ni por esas. No cuela. Según datos oficiales, sólo el Ayuntamiento de Madrid recaudó en 2023 114,6 millones de euros por multas relacionadas con las ZBE. Esto representa el 72% del montante total de las sanciones impuestas a vehículos en la capital.

Dicho esto, no es difícil concluir el suculento pastel que representan las ZBE para los ayuntamientos... Aparte de que cada ayuntamiento va por libre y de que la UE no obliga a sancionar, sí es cierto que el Gobierno central presiona a los ayuntamientos a no dotarlos con fondos europeos si no lo hacen.

Son numerosos los juzgados que se han pronunciado sobre la ilegalidad de las ZBE, pero a pesar del evidente negocio montado en torno a ellas no sólo para las arcas públicas, sino también para la venta de vehículos nuevos, finalmente será el Tribunal Supremo quien resolverá en un plazo no inferior al año y medio. Mientras tanto, a seguir recaudando. Algo muy typical Spanish.

¿Será objetivo el Tribunal Supremo en su sentencia e interpretará la ley conforme a como se han pronunciado los juzgados provinciales teniendo en cuenta las millonarias cifras que hay en juego? En Francia no les ha temblado el pulso y las han anulado de manera definitiva, creando un claro precedente sin ninguna sanción por parte de la unión europea. ¡Se han plantado y punto!

Aún en el caso más favorable, ¿quién compensa el perjuicio causado a miles de afectados que han tenido que achatarrar su coche? Eso se llama clasismo y arbitrariedad política. Tampoco se tiene en cuenta un turismo que circule por una ZBE una vez al mes que uno que lo haga todos los días varias veces, aunque sea más moderno. Pero eso no interesa. El único interés es nuestro dinero.

Para colmo, la Dirección General de Tráfico va a endurecer el etiquetado medioambiental más aún sin efecto retroactivo. Medida que aunque mayormente beneficia a los vehículos ya matriculados, no deja de ser otro agravio comparativo con respecto a los todavía no matriculados. Se dará el disparate de que un mismo coche, modelo y versión podrá tener diferente distintivo medioambiental según la fecha de matriculación. Y lo ven tan normal...

La finalidad de todo ello es que en pocos años solamente puedan circular por las ciudades los coches 100% eléctricos, sin plantearse las los derechos constitucionales de los ciudadanos. ¿O acaso los pretender limitan cambiando la constitución? Otra cuestión a resolver será cómo solucionar el gran problema de seguridad que plantean los eléctricos ante un posible incendio en un parking subterráneo, en la práctica casi imposible de extinguir, o la logística de recarga ante un hipotético parque móvil eléctrico en aumento.

Pero es que todavía hay más, ya que no se soluciona ningún problema de contaminación, sino que, como ya demuestran varios estudios, esta aumenta, además de hacerlo el parque móvil. Hasta el 85% de los núcleos familiares que tienen un coche eléctrico tienen al menos otro de combustión. Uno para no tener problemas a futuro con las ZBE y otro para desplazamientos largos por carretera, principal talón de Aquiles del coche eléctrico.

Qué decir tiene que esta opción nada sostenible va unida a las posibilidades económicas y, por consiguiente, a la segregación de la movilidad en función de la renta. La DGT no sólo no se conforma con todo esto, sino que ya está tanteando al personal diciendo que “no es sostenible” moverse en coche con una única persona. Claro, nuestra clase política va con chófer y escolta, así que ya son tres. ¿Lo solicitamos el resto de ciudadanos a Interior? Ciudadanos de primera y de segunda.

José Antonio Fraile Lasanta