Se supone que los políticos, personas de la más diversa procedencia, poseen las cualidades personales y profesionales para tratar de solucionar los problemas que aquejan a la sociedad. Puede afirmarse, sin temor a equívoco alguno, que ambas premisas se cumplen raramente en nuestro país. El ejemplo palmario lo tenemos en el transcurrir de los días: el que no posee esas buenas cualidades, que no son pocos, se excluye a sí mismo, y el que sí, las posee porque la mayoría de las veces se ocupa de sus propios asuntos y de los del partido al que pertenece. La conclusión es meridianamente clara: no se dedican a lo que preocupa a la sociedad y el interés propio es su objetivo primordial. Se puede comprobar en dos ejemplos —los hay muchos más— que constituyen el paradigma de esta afirmación: la sanidad y la vivienda. Somos un país que funciona mal, salvo para la corrupción. Y, claro, no hay tiempo para otra cosa.

Los últimos datos que nos ofrece el barómetro del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) ponen de manifiesto el mal que nos aqueja con las listas de espera en la sanidad. A finales del año pasado, según los datos del Ministerio de Sanidad, más de 846.000 personas se encontraban en lista de espera para una intervención (160.000 más que en 2021), con un tiempo medio de 126 días. El ranking lo lidera Extremadura, con 178 días; Navarra está en 98 días. Pero el problema surge antes, con la consulta a un especialista, en la que la media de espera en diciembre de 2024 era de 105 días y en Navarra, de 78 días, con grandes variaciones de una especialidad a otra. Nadie habla de las consecuencias que tiene para la economía nacional y autonómica el coste de la incapacidad transitoria que arrastran esas esperas, al margen de las consecuencias que tiene para el propio paciente en la evolución de su enfermedad. Por otro lado, cabe recordar que el Gobierno y las comunidades autónomas —el Consejo Interterritorial de Salud— suscribieron un acuerdo en 2019 para que las citas de atención primaria no urgentes se atendieran en menos de 48 horas. Este acuerdo no se cumple en el 70% de los casos.

Estas esperas, que son abrumadoramente decepcionantes, no son más que el efecto de unas políticas tibias e inadecuadas, en modo alguno alineadas con las necesidades sanitarias modernas, porque no inciden en la necesidad actual de una estructura sanitaria acorde con la complejidad patológica de los pacientes, donde el envejecimiento y la cronicidad de muchas de sus enfermedades tienen un papel relevante. La medicina actual es más compleja, con un componente tecnológico mayor que requiere más tiempo y recursos más sofisticados.

Los hay quienes opinan que la solución está en ampliar los presupuestos para la sanidad y, sin duda, es una necesidad indeclinable. O, entre otras, se hace palpable en la situación de la enfermería, formulada por un informe del Ministerio de Sanidad de 2024 en el que se dice que se precisan 100.000 enfermeras para alcanzar el ratio europeo. Navarra, con 8,92 enfermeros por cada mil habitantes, es la única comunidad que supera la media europea. Las demás oscilan entre el País Vasco (8,09) y Murcia (4,99). Pero, además, deberían ser posibles otras medidas de carácter organizativo, mayor independencia en la gestión, con exigencia de responsabilidades, retribución variable asociada a productividad..., sin descartar una colaboración más estrecha con la sanidad privada, dejando a un lado los tics ideológicos que ahogan la eficacia de todo el sector.

Tenemos una infraestructura sanitaria (desfases en la incorporación de las nuevas tecnologías) razonablemente buena y con un personal sanitario —sobre todo médico y de enfermería— muy bien formado. Pero la política, una vez más, enreda casi todo lo que toca, dada la insatisfacción que merodea entre el personal desde hace ya un tiempo.

¿Qué se puede decir del problema de la vivienda? Porque es un verdadero problema que ha adquirido dimensiones inusitadas, en el que las promesas incumplidas son equiparables a la escasa voluntad política por resolverlas. Se ha convertido en la principal preocupación para la mayoría de los ciudadanos, especialmente para quienes no pueden acceder a la compra y tienen serias limitaciones para el alquiler.

El real decreto antidesahucios, la declaración de zonas tensionadas y los límites a la actualización de rentas han actuado de verdaderos misiles en contra de la seguridad jurídica de los propietarios, con las consecuencias que ya conocemos. El desequilibrio del mercado, por ignorancia o por satisfacer la demanda de los socios antisistema, está servido, y el sufrimiento de todos los que no pueden acceder a una vivienda es un hecho servido en bandeja por la mala política a la que nos estamos acostumbrando. Llegar a acuerdos disruptivos sin tener en cuenta las reglas de la economía y el mercado no es neutral y tiene consecuencias. Esto es lo que hay mientras no cambien las tornas.

Francisco Errasti. Economista.