Una epidemia de incendios se ha desatado este año por la concurrencia de factor climatológicos —con tormentas secas en las olas de calor— y las acciones de pirómanos que provocan los fuegos aprovechando su conocimiento del terreno y de las condiciones ambientales para hacer el mayor daño posible. Si a eso se añade que las labores de vigilancia no cuentan con los medios técnicos y humanos suficientes y los montes carecen de la necesaria labor de mantenimiento como efecto del despoblamiento del territorio, los fuegos se desarrollan con una potencia devastadora cuando se encuentran con condiciones favorables como las altas temperaturas, la velocidad del viento, la ausencia de humedad o las escarpaduras del terreno. Cuando el fuego ha prendido viene luego el incendio político y la intervención de quienes se dedican a echarle leña.

El Gobierno activó la fase de preemergencia, en situación operativa 1, del Plan Estatal General de Emergencias (Plegem) y ha reunido al Comité Estatal de Coordinación y Dirección (Cecod) para evaluar la situación y coordinar acciones con las comunidades autónomas para la asignación de sus recursos allí donde se necesiten y, lógicamente, donde estas lo soliciten, dado que son la titulares de las competencias en la extinción de incendios. El martes ya había, al menos, mil militares de la UME y otros cuatro mil de distintos servicios policiales y profesionales estatales colaborando en la extinción del fuego.

Es un lugar común, pero no por ello menos cierto, que los incendios se apagan en invierno privándolos de combustible. Pero se pone menos énfasis en que los incendios se previenen también con investigación policial y con sentencias judiciales ejemplarizantes para quien quema el monte. El incendio de Ávila ha sido prendido por un miembro de las brigadas forestales —otro clásico— y uno en Ourense por una mujer de 63 años, que saben dónde y cuándo va a ser más difícil sofocarlos y que actúan por motivaciones difíciles de controlar, desde venganza a protesta por las condiciones laborales o por limitaciones productivas que imponen las declaraciones de zonas protegidas que benefician a la mayoría en perjuicio de menos, aunque los daños causados van en detrimento de todos y del patrimonio, como en el incendio de Las Médulas.

Tan difícil como sofocar los incendios que arrasan miles de hectáreas de bosques y montes y haciendas es hacerlo con el incendio político que han provocado las llamas. Es más, estos no hay forma de apagarlos porque vienen ardiendo desde hace mucho tiempo y su combustible es la insidia, los argumentos pedestres y el paso al cobro de facturas anteriores. Llueve sobre mojado y la crítica barata se impone a la necesaria colaboración entre administraciones, cuando la que tiene las competencias se ve desbordada.

Fernando Lusson es comentarista político.