La gestión de la inmigración copa la agenda política y social en un cóctel de situaciones de distinta relevancia que amenaza con convertirse en explosivo si lo agitan el extremismo ideológico y los pedestres intereses electorales. Porque aunque sean extranjeros los protagonistas nada tiene que ver la crisis real de los miles de menores migrantes no acompañados que aguardan en Canarias un destino, bajo solicitud de asilo o no, con los disturbios intencionados de grupos ultras en Torre Pacheco después de la paliza sufrida por un vecino a manos de un joven magrebí ya encausado judicialmente; o con la controvertida iniciativa aprobada por el PP y Vox en Jumilla para vetar ritos islámicos en el polideportivo municipal. 

La confusión es terreno abonado para la demagogia que identifica distintas casuísticas como el síntoma siempre de un mismo problema -exista o se cree artificialmente- y que pesca en el mar inflamable de identidades, sentimientos y potenciales agravios. Los valores constitucionales que rigen la convivencia animan y también obligan a velar por una cohesión social que integre al diferente y en la que éste se muestre dispuesto a integrarse. 

La determinación de Vox de ensanchar su base exacerbando recelos hacia los extranjeros, singularmente los musulmanes, con la convicción de que le renta incluso enfrentarse a la Conferencia Episcopal, arrastra al PP al terreno pantanoso de la indefinición en un asunto político de primer orden en las democracias globales. De poco sirve que la alcaldesa de Jumilla y la dirección de los populares incidan en que la transacción pactada con los de Abascal no prohíbe la práctica de ninguna religión si los ultras la presentan como el triunfo de su tesis de que es preciso proteger una identidad española unívoca. 

Pero que los populares se hayan dejado enredar en la dinámica dogmática de Vox no exime al Gobierno de conducirse sin la tentación del oportunismo. Especialmente cuando carga con su desidia a la hora de ocuparse de los niños y adolescentes solicitantes de asilo en Canarias como le exigió el Supremo.