En la política española existen actualmente dos tipos de títulos académicos: los que se estudian y aprueban y los que se presumen y son falsos. Si algo hemos aprendido en los últimos años es que algunos representantes públicos han demostrado una verdadera vocación académica creativa, como licenciados en la universidad de la vida.

Para trabajar en la empresa se exigen títulos, pero en política se da con frecuencia el problema del enchufe de siempre, y de quienes se cuelan por la puerta de atrás, falseando su currículo, sin dar opción al resto de candidatos.

Los ciudadanos se merecen un respeto, que no les engañen quienes están al frente de la cosa pública. La dimisión reciente de Noelia Núñez (PP) por falsear su currículum ha reabierto la polémica sobre la integridad académica de los cargos públicos en política. La falsificación de títulos y diplomas es un problema global que afecta a la confianza en el sistemas educativo y al mercado laboral.

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La ministra de Universidades, Diana Morant, señala que el título académico no hace al político, sino la hoja de servicios y el currículum laboral, pero es de aurora boreal defender a un falsificador de un título universitario. El PSOE acumula bastantes casos de currículos inflados, títulos falsos o dudosos y másteres inexistentes; en la mayoría de los casos, no ha habido dimisiones ni sanciones. Otro tanto ocurre con el PP. Indudablemente existe un cúmulo de cargos públicos con títulos académicos falsos o inventados que están en la palestra. Veamos algunos casos.

A) Títulos académicos falsos en el PSOE. Pedro Sánchez: tesis doctoral plagiada. Oscar Puente: máster universitario inexistente. Patxi López: no es ingeniero industrial. Carmen Montón: final de máster plagiado. Pilar Bernabé: no es licenciada en Filología Hispánica. Cristina Narbona: doctorado en Económicas inexistente. José Blanco: no es abogado. José María Ángel: título de Archivística falso. Precedentes: los casos de Roldán y Montilla.

B) Títulos académicos falsos en el PP. Pedro Rollán: no es diplomado en Marketing ni máster en ADE. Noelia Núñez: no terminó el doble grado en Derecho y Ciencias Jurídicas. Pablo Casado: no es abogado. Cristina Cifuentes: no es máster en Derecho Autonómico. Juan Manuel Moreno: no es licenciado en ADE. Ana Millán: no es licenciada en políticas. Xavier García Albiol: no es licenciado en Derecho, aunque obtuvo posteriormente el grado. Javier García Jiménez: grado en Marketing inexistente.

Conviene señalar que, mientras figuras del PP como Noelia Núñez han dimitido al instante, por tratarse de escándalos públicos, en cambio, en el PSOE y Sumar, los casos se han ocultado, corregido en silencio, o enfrentado con negación, ya que sólo Carmen Montón renunció, mientras el resto de políticos han seguido ocupando sus cargos públicos. Lo que evidencia un problema transversal.

Aunque varios políticos que han modificado sus títulos no han dimitido, ello supone una pérdida de credibilidad por parte de la opinión pública. Los documentos oficiales expedidos por las universidades son muy fáciles de falsificar, porque apenas tienen medidas de seguridad, aunque tienen sellos, firmas y membretes sencillos de falsificar. Según el código penal, la alteración, modificación o falsificación de un documento público, total o parcialmente, es un delito que puede acarrear penas de hasta seis años de prisión, dependiendo de si el autor es una autoridad o funcionario público, o un particular.

Es evidente que los políticos que son pillados en su desempeño con títulos falsos se hallan deslegitimados para cualquier responsabilidad pública, y deberían abandonar la función pública. En mi opinión, las múltiples falsificaciones recientes de títulos académicos, en especial por parte de algunos políticos, supone un abuso, una estafa basada en la propia identidad del falsificador, que pretende cambiar la realidad para presentarse como alguien que no es, buscando siempre el beneficio personal por encima del bien común.

Actualmente, en nuestro país existe una universidad a menudo complaciente y devaluada, que sólo expide acreditaciones y un ecosistema político que sólo puede funcionar, a la carta, con mentiras, trampas y relativismo. Sin embargo, el político debe trabajar por el bienestar de los ciudadanos, siendo una persona ejemplar, honesta, sin mentir, ni robar, ni ser un corrupto.

En un mundo cada vez más complejo, deberíamos exigir a nuestros gobernantes la misma profesionalidad que le pedimos a un cocinero, a un médico o a un abogado. Cuando votas a un político para delegar en él nada más y nada menos que la soberanía nacional, lo menos que se le puede pedir es que no mienta públicamente, y que sus credenciales tengan el sello de la legitimidad. Si miente en su preparación y titulación, ideología y convicciones personales, o programa electoral a aplicar, se debería poder revocar nuestro voto. En conclusión, debe fomentarse una cultura organizativa intrínseca al ámbito de la política, basada en la ética, la transparencia y la responsabilidad, en aras del bien común.

Francisco Javier Sagüés Sala es abogado