El 20 de septiembre de 2018 publiqué en este mismo periódico un artículo titulado 'Ponga un máster en su vida'. Me hacía eco del debate suscitado ante la denuncia de la obtención, en unos casos de forma irregular y en otros fraudulenta, de este título universitario por parte de algunos políticos en ejercicio. Consecuencia del debate, Cristina Cifuentes y Carmen Montón se vieron obligadas a dimitir y Pablo Casado quedó visiblemente tocado. Siete años después, una nueva racha de titulaciones falsas ha vuelto a poner de actualidad el problema, y otros políticos, unos en ciernes y otros veteranos, han tenido que dimitir de sus cargos. Podemos quedarnos en el cotilleo, que da mucho juego en programas de todo tipo, o intentar pasar de la anécdota a la categoría y reflexionar sobre los problemas que tal actuación comporta. Vayamos, pues, a lo segundo.

La actividad política es un mundo complejo para el que no existen escuelas específicas que habiliten para ello. Con la dificultad añadida de que no es lo mismo la gestión propiamente dicha que caracteriza al Ejecutivo, la elaboración de leyes y control al gobierno que es tarea propia del Legislativo, o la gestión del propio partido, que tiene sus propias reglas. Para ninguno de ellos, desde el ámbito municipal al nacional, pasando por el autonómico, es obligatoriamente necesario título alguno.

Todos conocemos estadistas que no han pasado por la universidad y dirigentes sindicales hechos a sí mismos en la brega diaria, que no solo han representado dignamente a sus ciudadanos, sino que se han convertido en líderes de sus partidos, sindicatos, pueblos, ciudades, regiones, naciones u organismos internacionales. No ostentaban títulos académicos, pero poseían cualidades que los hacían merecedores de la confianza ciudadana: compromiso, dedicación, empatía social, sentido común y conciencia de interinidad. No era su profesión, era un compromiso temporal que tenía fecha de caducidad.

Ahora bien, que no fuera obligatorio no quiere decir que no sea conveniente. Dada la generalización del acceso a la universidad, el currículo de los políticos en ejercicio es cada vez más prolijo: a la licenciatura, y en algunos casos doctorado, se suele unir cada vez más una serie de másteres o afines de nombre largo y complejo, que lo acrecientan y, sobre todo, le dan una pátina de ringorrango y modernidad. Y como estos títulos están ordenados por una normativa confusa y difusa, tanto en el ámbito público como sobre todo en el privado, no resulta difícil incurrir en excesos que pasan relativamente inadvertidos.

Pero, ¿por qué tiene la clase política tanto interés en inflar sus currículos? En buena medida porque algunos han hecho de la política no su vocación de servicio sino su profesión, a la que hay que anclarse lo más posible. Alcanzados los ingresos o el estatus, se trata de permanecer. Eso y la fidelidad al líder, que a la postre garantizará la pervivencia o no en el puesto que uno ostenta, explica la poca capacidad de crítica, el escaso debate intrapartidario y la incapacidad manifiesta para asumir responsabilidades cuando a uno lo pillan 'in fraganti'. Producen rubor las excusas que se balbucean como justificación, y casi nunca aparece como razón de su cese el imperativo ético que debía haber guiado su conducta en el ejercicio de su actividad política.

Concluyamos que la actividad política no es exactamente una profesión, sino una vocación que exige la mejor preparación posible y firmes principios. Adulterar el currículo en cualquier ámbito de la vida no es presentable, pero hacerlo en la vida pública es sencillamente intolerable. Parece que, si no plaga, sí es una práctica relativamente frecuente y algunos, viendo las orejas al lobo, se han apresurado a limar el que consta en sus páginas oficiales. Harían bien los partidos, todos los partidos, en exigir rigor en los currículos. Creo incluso que la ciudadanía sería comprensiva con una actuación en dos fases: limpieza primero, como paso previo a su erradicación, y mano dura después. Están a nuestro servicio y los ciudadanos merecemos el máximo respeto.

Román Felones Morrás (felonesramon@gmail.com)