Que me perdone el lector por utilizar una paradoja como título. Yo también entro en desconcierto cada vez que escucho a los líderes de Bildu utilizar la expresión “derechos humanos”. Uno de los conceptos más nobles que existen, utilizado por un partido incapaz de condenar a uno de sus mayores verdugos: el terrorismo etarra. La última vez que sufrí este inevitable aturdimiento fue hace unos días. El Comité de Derechos Humanos de la ONU, que se encarga de supervisar la aplicación del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, acaba de publicar sus Observaciones Finales sobre la revisión periódica a España. Realiza recomendaciones a nuestro país en temas como la corrupción, la protección de las minorías o los discursos de odio. Pero hay un apartado que ha sido celebrado especialmente por la izquierda abertzale: la presunta tortura y malos tratos cometidos por el estado desde el franquismo. Sobre esta cuestión, el número tres de Bildu y hasta hace poco líder de Sortu, Arkaitz Rodríguez, ha manifestado que es “escandaloso” el “atronador silencio” que existe sobre el tema, afirmando que debería dar “pie a dimisiones”.

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Que Bildu abandere los derechos humanos es una profunda contradicción. Carece de legitimidad moral para predicar dicha causa, ya que mantiene un fuerte vínculo histórico con ETA y su entorno, como evidencia por ejemplo el perfil de sus líderes. Arnaldo Otegui, o el mencionado Arkaitz Rodríguez, han sido condenados y encarcelados por delitos relacionados con la pertenencia y las actividades de la organización terrorista. El partido tiene además en la actualidad una relación de ambigüedad —cuando no de justificación o apoyo implícito— con la violencia terrorista, lo que supuso un ataque directo a los dos derechos humanos más básicos: el derecho a la vida y a la integridad física. Recordemos los más de 850 asesinatos, los miles de heridos y las decenas de secuestrados, además del hostil clima social creado en zonas de Navarra y el País Vasco, donde derechos como la libertad de expresión fueron —y siguen siendo— sistemáticamente vulnerados.

No obstante, Bildu podría integrarse en la democracia liberal. Y ojalá lo hiciera. Hay una parte de la sociedad navarra y vasca que está por acceder a este marco y necesita un partido que lidere esa transformación. Pero desgraciadamente no ha sido así. Los pasos dados hasta el momento son claramente insuficientes. Principalmente, no ha condenado la violencia terrorista, injustificable en un sistema en el que existen medios pacíficos de reforma. Además, la actual equidistancia entre las partes, la participación en homenajes a presos etarras o el pobrísimo respeto a la pluralidad política y social en muchos pueblos profundizan la brecha que separa a Bildu de la democracia. Cruzarla exige, en primer lugar, asumir la responsabilidad que le corresponde, que no se puede eludir ni mediante el olvido ni mediante la autojustificación. Qué fácil es denunciar abusos en tierras lejanas, como Palestina, para evitar así examinarse a uno mismo. El principio de universalidad, piedra angular de los derechos humanos, no se puede aplicar selectivamente.

Ante esta situación, algunos optan por ignorar esta brecha entre Bildu y la democracia. O, lo que es peor, la cruzan en dirección opuesta, tratando veladamente de ocultar su existencia. Pero estos tránsfugas de la democracia han de saber que también son responsables de la injusticia derivada del terrorismo que todavía existe. Quien mejor lo expresó fue Fernando Sebastián, entonces arzobispo de Pamplona y obispo de Tudela, en el funeral de dos policías nacionales asesinados por ETA en Sangüesa en 2003, Bonifacio Martín Hernando y Julián Embid Luna: “No se puede matar, no se puede colaborar con los que matan y no se puede apoyar de ninguna manera a quienes colaboran con los que matan”. En el primer círculo concéntrico están los asesinos, algunos de los cuales fueron en las listas electorales de Bildu a las elecciones de mayo de 2023. En el segundo círculo están los colaboradores de los asesinos, muchos de los cuales conforman la élite dirigente del partido. Pero el gran problema está en el tercer círculo de responsabilidad. Es aquí donde todo votante y político deberá hacer, en su más profunda intimidad, un examen de conciencia y plantearse si su voto, su trabajo y sus alianzas políticas contribuyen a la justicia.

La normalización de un partido que todavía no ha cruzado el Rubicón democrático desdibuja los límites políticos y morales de una sociedad, socavando así cualquier idea de justicia. Y esto genera efectos prácticos inmediatos. En el mencionado informe de la ONU, el apartado celebrado por Bildu ha sido el siguiente: “El Comité lamenta que, hasta la fecha, no se haya iniciado ninguna investigación en relación con los más de 5.000 testimonios documentados de personas que presuntamente fueron sometidas a actos de tortura y malos tratos entre 1960 y 2014 en el País Vasco y Navarra”. Esta referencia a los GAL fue traída al proceso de evaluación por Euskal Herriko Giza Eskubideen Behatokia (Observatorio Vasco de Derechos Humanos), organización no gubernamental del entorno de Bildu, citando informes del Instituto Vasco de Criminología.

El Comité asumió el tema, que es una vulneración de derechos humanos que debería ser investigada, pero los diplomáticos españoles no pudieron o no quisieron (¿dada la dependencia política del Gobierno central de Bildu?) presionar para contextualizar esa referencia e incluir otras como, por ejemplo, los casi 400 asesinatos de ETA sin resolver. De hecho, una víctima de los GAL fue invitada a exponer su testimonio pero, hasta donde sé, ningún familiar de los asesinados por la organización terrorista participó en las sesiones. Qué injusticia que en un informe de derechos humanos de la ONU se aborden los abusos sin investigar de la lucha contra ETA pero no los crímenes sin resolver de esta, cuestión mucho más grave. ¿Hasta dónde están dispuestos a ceder los partidos y sus votantes a la hora de intercambiar poder por influencia con Euskal Herria Bildu? De momento, la condescendencia con la izquierda abertzale ha llegado hasta la ONU. Y su influencia seguirá creciendo, dada la pasividad de quienes dependen políticamente del partido heredero de Batasuna.

David Garciandía Igal. Profesor de Derecho de la UE en la Universidad de Oxford. Ha sido también ayudante de investigación de la relatora especial de la ONU para la libertad religiosa.