Las noticias que tienen que ver con la actualidad política reciente de nuestro país siguen llegando desde los tribunales y de las causas que en ellos se dirimen, especialmente en el Supremo, lo que no es sino una muestra de lo anómalo de la situación. Una realidad que se antoja cada vez más compleja para el presidente Sánchez, que por más que realizara un balance triunfalista del curso político apoyado en los datos macroeconómicos, no puede ocultar la erosión que soporta por los supuestos casos de corrupción y su debilidad parlamentaria, y que a buen seguro van a ser motivo de desasosiego en su descanso veraniego. El presidente Sánchez, además de ratificar su confianza en el fiscal general del Estado, el primero en la historia democrática de nuestro país que se va a sentar en el banquillo de los acusados, aseguró que no se plantea remodelar el Gobierno a la vuelta del verano, y que todos los ministros cuentan con su respeto, reconocimiento y respaldo. Palabras que habrá que ver si el tiempo sostiene. 

Porque no parece que el periodo estival vaya a ayudar a este Ejecutivo y al líder socialista a recuperar la crisis de credibilidad y confianza motivada por el estallido de un caso Cerdán, que ahora explora la vía del Constitucional para intentar salir de prisión, que se antoja aún muy largo y del que queda mucho por saber. Ayer, el juez del Supremo amplió seis meses más la investigación ante la magnitud de la causa. Y mientras, de la información facilitada al magistrado por la Hacienda foral se ha conocido que Servinabar facturó casi 6 millones de euros en 9 años, principalmente por obras públicas en Navarra, y que transfirió 732.000 euros a una cooperativa participada por Antxon Alonso y Koldo. El camino de la justicia continúa, pero también el de la política. Y el Gobierno de Pedro Sánchez, y él en primera persona por ser quien designó a Cerdán y Ábalos, afrontan una larga instrucción cuyo final no se atisba.