El transcurrir de la semana política, cuando se alcanza el ecuador de una más que convulsa legislatura en nuestro país, ha vuelto a evidenciar la creciente debilidad de un Gobierno a merced de sus socios, aún sin presupuestos, y que queda con una agenda bloqueada. Y a expensas de lo que puedan deparar los próximos pronunciamientos de la justicia en torno al caso Cerdán, mano derecha de Pedro Sánchez, después de que el Supremo haya confirmado su continuidad en prisión provisional por su presunto “papel directivo” en la trama corrupta. Sánchez accedió al poder después de sus severas claudicaciones al secesionismo, muy especialmente con la ley de amnistía. Y a sus intereses vive sometida la gobernabilidad del país, con el prófugo Puigdemont como guardián de la llave, tal y como ha quedado de manifiesto en las varias iniciativas que ha tratado de sacar el Ejecutivo en este tiempo. El cierre del periodo de sesiones del Congreso este pasado martes no fue diferente. La desbandada encabezada por Podemos, Junts y BNG, que con sus votos, junto a los de la oposición, tumbaron el decreto antiapagones del Ejecutivo, volvió a revelar la fragilidad de la bancada que mantiene a Pedro Sánchez en la Moncloa. 

Estaba concebido como un pleno escoba, pero Gobierno y oposición tenían la misión de barrer mucho más que migajas en el final del curso parlamentario. En un cruce de hostilidades que cada vez va a más, ahora con los casos de corrupción que les afectan como arma arrojadiza ante el estupor ciudadanos. La última sesión se cerró así con un elocuente fracaso por la falta de un acuerdo sólido y transversal para conjurarse contra un eventual apagón eléctrico como el del pasado 28 de abril. Es el Gobierno quien debe ahormar mayorías. El “ni tan mal” con el que Sánchez dio por bueno desde la distancia el resultado de este pleno le puede servir de falso consuelo viendo su precaria mayoría, y su irrenunciable intención de agotar la legislatura. Pero está muy lejos de lo que el país, sumido en un ciclo de agitación, necesita.