La economía ha vuelto a emerger como la tabla de salvación del Gobierno de Pedro Sánchez, lastrado por su acusada debilidad. Los datos del Instituto Nacional de Estadística (INE) sobre la evolución de la población activa confirman la pujanza de España con cifras récord, a pesar de la polarización política propia y de la agitación internacional. Por primera vez se ha roto la barrera de los 22 millones de personas trabajando. Son datos que permiten al ministro Carlos Cuerpo esbozar media sonrisa entre tantos apuros parlamentarios y judiciales para el Ejecutivo de Pedro Sánchez. Con todo, y aun cuando la economía haya salvado el examen en el final de curso, aún quedan asignaturas pendientes. Entre ellas, las penalidades de quienes, agobiados por la precariedad laboral que también describe la estadística y la carestía de la cesta de la compra, tienen serios problemas para llegar a fin de mes. 

Esa realidad viene marcada por salarios que no crecen tanto como haría suponer el dinamismo del mercado y una tasa de paro del 10,29% que sigue siendo la más elevada de la Unión Europea. Por tanto, los claroscuros de la foto real obligan a la prudencia. Especialmente al Ejecutivo si cae en la tentación de sacar pecho de unas cifras que, esencialmente, son buenas para el interés general, en un nítido contraste con el notorio declive de otros países europeos, sobre todo Francia. Por su proximidad y fuertes vínculos en sus intercambios comerciales, el tijeretazo aplicado en el Presupuesto francés para contener la deuda constituye una advertencia que invita a extremar las cautelas en España. Y más cuando el tirón experimentado en el segundo trimestre del año obedece a un factor estacional por el auge del turismo. El empuje de las afiliaciones ofrece un marco benéfico para el conjunto del país. Pero ese bienestar hay que aterrizarlo en una sociedad con menos desigualdades y desequilibrios, individuales y sectoriales.